La investigación judicial sobre el denominado 'Caso Mascarillas' en Almería se reactiva y aterriza en Almería después de 3 años en 'stand by' con nuevas declaraciones ante el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad. En la mañana del martes 18 de marzo, ocho de los 17 investigados han sido citados a declarar en el marco de la causa que investiga el pago de presuntas comisiones ilegales a un cargo público tras la adjudicación de un contrato de emergencia para la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19.

Uno de los declarantes clave durante los día que durará la toma de declaración, es Óscar Líria Sánchez, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, quien fue detenido el 15 de junio de 2021 por presuntas mordidas durante la compra de las mascarillas y posteriormente puesto en libertad. Su arresto, sumada a la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un despacho del palacio provincial para consultar un expediente de adjudicación de un contrato urgente con Azor Corporate a cambio del suministro de mascarillas, generó un temblor que precipitó su destitución del cargo y posterior expulsión del partido (PP). 

El caso, en donde están personados como acusación particular el PSOE, VOX y la Diputación de Almería se centra en un contrato firmado en 2020 por la Diputación de Almería con la empresa Azor Corporate Ibérica, administrada por Kilian López Solé, por un importe de 2,36 millones de euros.

La Justicia investiga la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la administración pública, al detectar pagos sospechosos que podrían ascender a casi un millón de euros. En su providencia el juez del Juzgado de Instrucción 1 de Almería, observa que hasta el momento no se ha producido "la práctica de declaración judicial alguna, más allá de la que se realización en  Barcelona". 

Así las cosas, "se observa un informe pericial judicial de gran relevancia en lo que respecta a la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública". "Este informe concluye con la solicitud de información relativa a la cuantificación de las rentas que finalmente van destinadas a realizar pagos a terceros intervinientes en la operación de intermediación" y "movimientos bancarios que pongan de manifiesto una disposición de fondos de CORPFAM por parte de Kilian", concluye la providencia judicial.

Tranquilidad en la declaración de Kilian

En la toma de declaración de este martes, celebrada en la sala de vistas número 7 de los Juzgados de Almería, solo dos de los investigados optaron por declarar a las preguntas de sus defensas: Kilian López Solé y Roberto M.G., administrador de la empresa World Transport, encargada de la importación de las mascarillas desde China hasta Almería. Ambos respondieron únicamente a las preguntas de sus respectivos abogados. Los otros seis citados hicieron uso de su derecho a no declarar.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el López Solé, se habría beneficiado de una "mordida" de 945.297 euros . En su comparecencia de 2024 ante la comisión de investigación del Congreso, el empresario, propietario de Azor Corporate, defendía que su empresa fue contratada por la Diputación de Almería en el año 2020 para adquirir mascarillas por valor de 2,03 millones de euros, negando “haber pagado comisiones a políticos o funcionarios por es operación”. 

A su salida de los juzgados, López Solé manifestó su tranquilidad, señalando al abandonar la sala que "con la verdad por delante" ha explicado al juez que su empresa realizó” una oferta de un millón de euros” en el marco del contrato de compra de material sanitario.

Trajo las mascarillas desde China

Mientras las acusaciones y defensas se daban citan en los juzgados de la Carretera de Ronda, en la madrileña Plaza de Castilla, Roberto M.G. hacía lo propio para prestar declaración de forma temática desde la capital de España para dar su versión de su vinculación con los hechos. Según su abogado, Alfredo Arrién, de Paredes Asociados. quien ha atendido a LA VOZ, su defendido solo actuó como agente de aduanas, asegurando que su intervención "se limitó a la gestión de la importación y que desconocía detalles sobre el estado y valor de adquisición del material sanitario."

“La única relación de Roberto con el entramado fue haber actuado como agente de aduanas”, explicó el letrado madrileño. Si bien Roberto M.G. nunca habría trabajado directamente con Kilian López Solé, sí mantenía una relación profesional con la fábrica china proveedora de mascarillas y otros materiales sanitarios para la Diputación de Almería. Según su abogado, fue a través de esta empresa que su cliente tuvo contacto con Azor Corporate Ibérica, la firma de López Solé, para gestionar la importación de las mascarillas a Almería.

Arrién subraya que su representado se limitó a realizar el trabajo para el que fue contratado, es decir, la importación del material sanitario, y que desconocía tanto su estado como su valor de adquisición. Asimismo, enfatiza que los pagos a Roberto M.G. se efectuaron de manera regular, registrados mediante una factura estándar, incluyendo los gastos arancelarios correspondientes. "Una vez que la mercancía fue entregada al destinatario final, la factura fue abonada, dando por finalizada la relación comercial de mi cliente con la Junta de Andalucía y con su socio comercial en esta operación, Kilian", detalló Arrién. 

Convencido de la falta de implicación de su defendido en la presunta trama, el abogado madrileño adelantó que solicitará el sobreseimiento del procedimiento para su patrocinado.

El exvicepresidente declara este jueves

El caso no solo afecta a empresarios, sino que también tiene implicaciones políticas. Este jueves, deberán comparecer ante el juez, en calidad de investigados, Óscar Líria Sánchez, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, junto con su hermano y su tío, Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines (PP). 

Líria Sánchez, quien fue detenido el 15 de junio de 2021 y posteriormente destituido de su cargo, ya había comparecido ante la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención, reconoció haber sido el contacto encargado de la adjudicación del contrato, aunque negó haber recibido comisiones ilegales.