Las Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía en Almería (coloquialmente conocida como Policía Autonómica) ha iniciado una campaña de investigación para la detección de fraude en las escolarizaciones en centros educativos de Andalucía correspondiente al curso 2019-2020. Esta campaña se desarrolla dentro del marco de colaboración institucional entre Delegaciones Territoriales de las consejerías de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de las ocho provincias andaluzas.

Con la actuación policial se pretende verificar que los datos de empadronamiento aportados por los padres y madres de los menores constituyen el domicilio real o laboral de los mismos o si por el contrario se incurre en algún tipo de fraude que pudiera dar lugar a una errónea asignación de puntos por parte de la Administración a la hora de confeccionar el listado de alumnos admitidos en los diferentes centros educativos.

En ese sentido, en el curso académico 2018-2019, la Unidad de Policía Adscrita investigó un total de 306 casos denunciados como posibles irregularidades en el proceso de escolarización, de los cuales 32 resultaron ser empadronamientos fraudulentos y 16 correspondían al domicilio real aportado por familias en el proceso de matriculación del alumnado.

Padrones

Con estas actuaciones se pretende evitar el grave perjuicio que se les causa a los padres cuyos hijos se quedan sin plaza en el centro educativo que les corresponde por residencia al ser ocupada por personas que han falseado los datos reales de empadronamiento, con el objeto de que sus hijos puedan estudiar en un centro distinto al que les correspondería.

En Almería, la unidad dirigida por Francisco Llinares, ha realizado comprobaciones del empadronamiento. Se trata de conocer si aquellos padres que fijaron en su solicitud de escolarización una residencia cerca del centro, viven realmente allí o, en cambio, solo buscan conseguir más puntos en el baremo. Cada año se detectan decenas de casos que obligan a revisar las listas de los centros escolares y provocan complicaciones burocráticas y judiciales.