El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el diputado por Almería, Diego Clemente, en compañía de otras autoridades de la formación naranja y los miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), elevaron este miércoles al Congreso una proposición no de ley para conseguir la eliminación de “la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad que hayan sido incapacitadas judicialmente”.

En concreto, solicitan que se suprima del Código Penal la posibilidad de “la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento”.

En el texto registrado, recogido por Europa Press, la formación naranja recuerda que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que los Estados que la hayan ratificado, como es el caso de España, “deben tomar las medidas pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con diversidad funcional y asegurar, entre otros aspectos, que todos ellos mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás”.

Sin embargo, en el derecho nacional, explica Ciudadanos, permanece la posibilidad legal de esta esterilización. “Que nuestro Estado siga permitiendo que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad atenta directamente contra la Convención”, señala la propuesta del partido liderado por Albert Rivera.

El documento

La Convención recoge la importancia de defender el derecho de las personas con discapacidad a “casarse y formar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges”.

Sobre la procreación, el texto defiende que las personas con discapacidad pueden decidir libremente “y de forma responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro”.

Por otro lado, está entre sus derechos ser informados sobre reproducción y planificación familiar según su edad. El objetivo final es que este colectivo mantenga su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás.

La Convención, sin embargo, choca con el Código Penal, que todavía permite la esterilización no consentida a discapacitados e incapacitados judicialmente.