Miembros del anterior equipo de gobierno, que dirigió la Universidad entre 2007 y 2015 con Pedro Molina como rector, calificaron ayer de “incorrecta” y “falsa” la afirmación de que “quien metió la pata fue el anterior equipo de gobierno, cuando Pedro Molina era aún el máximo responsable de la institución académica y lo que hizo el actual rector fue seguir el error y ser negligente por no contar con la asesoría jurídica”. El entrecomillado respondía a declaraciones que realizó a este periódico una fuente conocedora del caso.

“El anterior equipo de gobierno cumplió taxativamente con lo previsto en el R.D. 1393/2007 que regulaba la extinción de los antiguos planes de estudios de diplomatura y licenciatura. En este Real Decreto se fijaba el 30 de septiembre de 2017 como fecha límite para su inexcusable e improrrogable cumplimiento”, relatan en un comunicado enviado también a este periódico. “No es cierto que el rector actual, Carmelo Rodríguez Torreblanca, en diciembre de 2015, prorrogara la normativa del anterior equipo sobre planes de estudios a extinguir, sino que, todo lo contrario, la modificó sustancialmente como consta en el acuerdo de diciembre de 2015 desobedeciendo de forma palmaria el RD 1393/2007”, explican.

“Creemos que el rector actual debe poner a disposición de la comunidad universitaria el expediente de modificación de la normativa del anterior equipo de gobierno como única forma de demostrar que no han cometido al respecto ninguna ilegalidad, ni negligencia en la aprobación de la normativa referida. Normativa que ha causado el grave e irrecuperable prejuicio en sus legítimos intereses a más de 50 alumnos”, finaliza el escrito.