Un total de 8.700 personas pertenecientes a 3.100 familias de toda la provincia se beneficiarán de la nueva Renta Mínima de Inserción Social aprobada por el Gobierno Andaluz. Las ayudas podrían quedarse en suspenso de forma temporal si el receptor de la prestación es contratado por un periodo de uno a seis meses, dijo ayer el viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, Manuel Martínez, en la presentación de la medida.

La prestación, que entró en vigor el pasado 1 de enero, contará con una dotación de 198 millones de euros, del total de 819 previstos para el periodo 2018-2021. Martínez insistió en “la necesidad de que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo”. La nueva prestación surge, afirmó el viceconsejero, “ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central”.

La Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se ha incorporado como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis del actual IMS).

Nuevos colectivos
Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales. El nuevo modelo también da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad.

Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Víctimas de violencia
Podrán beneficiarse también las personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; las de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; las huérfanas de ambos progenitores; las víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%; las que se encuentran en situación de emergencia social; las mayores de 65 años con menores a cargo, y las que constituyen una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo en caso de haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.