La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería celebró este lunes la quinta sesión del juicio oral del Caso Facturas. La jornada reservó los testimonios de cuatro acusados de participar en el expolio de fondos públicos en el Patronato Provincial de Turismo entre los ejercicios 2009 y 2011.

Juan Bisbal, ex asesor en el Ayuntamiento de Almería, concentró la atención de la jornada. El socialista está acusado de un presunto delito de malversación de caudales públicos como cooperación necesario. En su declaración a preguntas del fiscal José María López Cervilla, Juan Bisbal reconoció haber encargado una docena de viajes personales a la agencia Leitour que, según la acusación, se cargaron a la cuenta del Patronato de Turismo.  “No sé quién pago”, repitió en varias ocasiones el acusado.

Bisbal aseguró que contrató los servicios sin conocimiento de la existencia de irregularidades. “Me extrañó que no me pidieran el pago de las facturas; si no me lo piden, pues me callo”, describió de forma gráfica.

El ex asesor socialista se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y medio de prisión. No obstante, ha abonado íntegramente las responsabilidades civiles (unos 10.000 euros, según el escrito fiscal) y ha puesto a disposición del tribunal el aval aportado para detraer el coste de una línea telefónica que estaba en su propiedad y que, según la acusación, también era costeada por el Patronato de Turismo, órgano dependiente de la Diputación.

Además de Juan Bisbal, prestaron declaración como acusados el tesorero de Unicaja Voley y dos empresarios acusados de una facturación ficticia. El juicio oral se retoma este martes. Habrá sesiones hasta el jueves y luego se producirá un parón hasta el próximo 8 de enero.

"Obligaban a cambiar el concepto"

La administradora de Viajes Viconos, aseguró en el juicio que “todas las facturas eran de servicios reales” prestados por la agencia al Patronato Provincial del Turismo. Sin embargo, reconoció irregularidades en el concepto de la facturación. “Me obligaban a cambiar el concepto para poder cobrar”, señaló. “Jamás, nunca, he realizado una factura de un servicio que no haya hecho”, subrayó. La acusada ya abonó los 6.700 euros de responsabilidades civiles.