El pasado 22 de junio, Félix Cervantes Rodrigo, letrado almeriense especializado en Derecho de la Competencia con ejercicio entre Almería y Madrid, presentó ante la Eurocámara una denuncia contra el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos. En ella cuestiona el actual marco comercial al considerar que sitúa a los agricultores europeos en una posición de desventaja frente a los productores marroquíes, una situación que califica de “competencia desleal institucionalizada”. El Parlamento Europeo ha decidido mantener abierto el expediente al considerar insuficientes las explicaciones ofrecidas por la Comisión Europea sobre las cuestiones planteadas.

La denuncia de Félix Cervantes se fundamenta en la existencia de una “asimetría regulatoria estructural”. Según sostiene, los productores europeos deben cumplir una normativa cada vez más exigente, mientras que los productos procedentes de Marruecos pueden acceder al mercado europeo sin estar sometidos a las mismas obligaciones. A su juicio, esta diferencia de condiciones genera una competencia desigual que afecta especialmente a provincias agrícolas como Almería. En este sentido, reclama que la política comercial europea priorice la protección del sector agrario frente a otros intereses. “Solicitamos dejar de lado los intereses geopolíticos sobre los productores”, afirma el letrado.

La denuncia cuestiona las diferencias en las exigencias ambientales, fitosanitarias y laborales

Entre los argumentos incluidos en la denuncia se encuentran la diferencia de costes laborales entre ambos países, el uso de fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea y las mayores exigencias medioambientales que soportan las explotaciones agrícolas europeas. Cervantes considera que estas diferencias han favorecido el avance de las exportaciones marroquíes, hasta situar a Marruecos por delante de España como proveedor de tomate de la Unión Europea.

La denuncia también plantea posibles irregularidades en el etiquetado de productos hortofrutícolas procedentes del Sáhara Occidental, que podrían identificarse como originarios de Marruecos, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera ambos territorios jurídicamente diferenciados.

Félix Cervantes espera que se eleve ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un dictamen sobre la compatibilidad del acuerdo con el Derecho de la Unión — similar al convenio de Mercosur — y que se abra un procedimiento de infracción contra España por la gestión de estas importaciones.

El letrado advierte de que la falta de medidas podría tener consecuencias para el futuro del sector y para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. “Nos estamos jugando el relevo generacional, el empleo rural y la soberanía alimentaria, que son tremendamente importantes para la Unión Europea”, manifiesta. Para alcanzar este equilibrio, el letrado defiende la implementación urgente de cláusulas espejo, controles de importación rigurosos y el establecimiento de precios justos que aseguren la rentabilidad de las explotaciones, advirtiendo que, sin estas garantías de reciprocidad, los jóvenes que intentan incorporarse al sector se ven condenados a competir "con las manos atadas".

El caso queda bajo supervisión política directa del Parlamento Europeo y, si no se adoptan medidas para corregir la situación denunciada, podría trasladarse a las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente para abordar el asunto en profundidad. Entre las posibles actuaciones se contempla la organización de visitas de eurodiputados y misiones de inspección sobre el terreno.