La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural destinará un millón de euros para apoyar a los productores que apuestan por diferenciar  sus alimentos a través de regímenes de calidad, una herramienta que contribuye a mejorar su competitividad y a mejorar la vertebración del sector agroalimentario. Los productores que reciban estas ayudas tendrán un compromiso de permanecer bajo estos registros de cinco años.

Las ayudas suponen el 80% de los gastos derivados de la incorporación por primera vez a un régimen de calidad diferenciada de los productos agroalimentarios, que pueden ascender a un máximo de 3.000 euros anuales por explotación.

Los regímenes de calidad diferenciada apoyados son la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la producción integrada y ecológica o la marca ‘Calidad Certificada’. Los incentivos cubren también los costes de la contribución anual por participar en ese régimen y los gastos de control, incluidos análisis de laboratorios acreditados, para verificar el cumplimiento del programa de calidad correspondiente.

A estos incentivos pueden acceder tanto los agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias ubicadas en Andalucía como las asociaciones que los representan que participen por primera vez en estos programas durante el período 2014-2020. El plazo para las solicitudes es del 16 de noviembre al 15 de enero de 2018.

El consejero Rodrigo Sánchez Haro ha explicado que esta medida enmarcada dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 busca compensar estos costes adicionales que no están completamente remunerados por el mercado, especialmente en el momento de la integración en alguna de estas figuras de calidad y en los primeros años de participación.

“Si bien es cierto que el sector agroalimentario andaluz cuenta con producciones de altísima calidad, aún debe avanzar en medidas que permitan una mayor retención del valor añadido”, ha resaltado Sánchez Haro.

Además, a través de sus bases reguladoras se incide en la búsqueda de la igualdad de género en este ámbito, ya que incorporan medidas destinadas a compensar, equilibrar y no perpetuar las desigualdades entre mujeres y hombres. En concreto, en el proceso de valoración de las solicitudes se priorizará a las mujeres y a las agrupaciones que cuenten al menos con un mínimo del 51% de mujeres en su órgano de gobierno.