Los conflictos desatados en la provincia de Alicante a raíz de la detección de Xylella fastidiosa en almendros de la Rivera Baixa vuelven a poner de manifiesto una vez más la disparidad de criterios que existe entre las directrices de la Unión Europea de una parte y las instituciones locales y algunas organizaciones agrarias de otra. Para Almería y para Andalucía, en general, este asunto ya no queda tan lejos y eso, sin conceder credibilidad a los rumores que apuntan a la presencia de árboles contaminados en la Región de Murcia, extremo este sin confirmación oficial.

Días atrás la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana ordenó la tala del primer árbol afectado por Xylella fastidiosa en la Península y de todos los ejemplares susceptibles de contagio en un radio de cien metros. Pero, en cumplimiento de las directrices establecidas. Pero no fue posible, porque varias docenas de agricultores y cinco alcaldes de la zona, más representantes de ASAJA se opusieron a la labor de las máquinas encargadas de realizar tan penosa tarea.

De alguna manera, se volvía a repetir la misma situación vivida en las zonas que han sido azotadas por esta peligrosa plaga contra la cual no existe aún remedio conocido. La disparidad de intereses entre distintos ámbitos administrativos y la consiguiente politización del problema parecen viajar unidas a la propagación de esta bacteria.
Primero fue la región italiana de Puglia, en cuyo campo Xylella ocasionó grandes pérdidas, después de que las autoridades regionales se resistieran a hacer cumplir la normativa de la tala, haciendo suyas las reclamaciones de los agricultores que vaticinaban su ruina.

Hasta hubo organizaciones ecologistas que se “abrazaron” a los árboles condenados a la sierra mecánica. Las terribles consecuencias de esta actitud no se hicieron esperar y la región padeció las consecuencias de la plaga con toda crudeza, convirtiéndose su experiencia en la voz de alarma para otros países mediterráneos, especialmente España, pero también Marruecos o Túnez.

Luego, le tocó el turno a Baleares. De nuevo, el asunto desató las discrepancias entre las medidas establecidas por Bruselas y los puntos de vista locales. El Gobierno Balear aplicó la cuarentena de las islas impidiendo la salida de material vegetal, pero consideró excesiva la necesidad de la tala y optó por no hacer efectivo este apartado, que está considerado como imprescindible por los expertos.

Hoy, existen en las islas más de 150 casos detectados oficialmente y la sensación de que el gobierno balear no actuó con la diligencia aconsejable para enfrentarse a esta plaga. La Autoridad europea de Seguridad Alimentaria ha confirmado la tragedia del campo balear, constatando la presencia creciente de Xylella no sólo en olivos, sino también en almendros y viñedos además de una docena larga de especies.

La necesaria ayuda al agricultor

Andrés Góngora, secretario provincial de COAG considera imprescindible que se establezca un sistema de compensaciones económicas para los agricultores que se vieran afectados por la tala en el caso de que se detecte la presencia de Xylella. En su opinión, esta medida influiría positivamente en la colaboración de los agricultores en la detección y posterior aviso a la Consejería de Agricultura de la presencia de la plaga. Góngora insiste en la necesidad de controlar de forma rigurosa la llegada de material vegetal desde zonas afectadas.