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Revocan casi dos años de cárcel a cuatro 'petaqueros' que arrojaron 92 garrafas de fuel al mar del Cabo de Gata

El TSJA acredita que no existía peligro concreto en el sentido de amenaza real para el medio ambiente

Archivo - Narcolanchas refugiadas del temporal en la playa de Los Genoveses, en Cabo de Gata (Níjar)

Archivo - Narcolanchas refugiadas del temporal en la playa de Los Genoveses, en Cabo de Gata (Níjar)

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado una condena de un año y nueve meses de prisión a cuatro 'petaqueros' que en junio de 2024 arrojaron al mar del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) 92 garrafas de combustible mientras huían de las autoridades, ya que, en este caso, no se produjo un "peligro concreto en el sentido de amenaza real, próxima e individualizable para el medio ambiente".

El fallo estima parcialmente el recurso de apelación del letrado defensor Nabil El Meknassi y absuelve a los acusados de un delito de riesgo catastrófico, toda vez que mantiene la pena de tres años de prisión para cada uno de ellos y una multa de 300.000 euros por un delito de contrabando ante los 2.300 litros de combustible que transportaban en una embarcación de género prohibido con la que colisionaron contra la Guardia Civil.

La Sala de Apelación comparte con la defensa la falta de requisitos para mantener la condena por un delito de riesgo catastrófico al no determinarse un peligro concreto para el medio ambiente, puesto que aunque los acusados arrojaron al mar al menos 92 garrafas de plástico con gasolina, estas estaban "cerradas con el correspondiente tapón", sin que su contenido acabar en el agua.

Zona protegida

En este sentido, advierte que al flotar, las petacas pudieron ser recuperadas por la Guardia Civil sin que se percibiera pues una amenaza "real" para el espacio natural, el cual constituye además una zona protegida de la Red Natura 2000, denominada Seco de los Olivos, y la Zona de Especial Protección para las Aves de la Bahía de Almería.

Más allá, apela además a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la hora de determinar que el riesgo planteado tiene que tener la capacidad potencial de causar grandes estragos, por lo que para el tribunal, arrojar estas garrafas no supuso un riesgo "de dimensiones catastróficas" sino, según recoge la sentencia de origen, más bien una situación de peligro que "puede que no sea inmediata, pero sí que con el tiempo" llevaría a "ver alterado el ecosistema marino".

Fue sobre las 9;00 horas del 23 de junio de 2024 cuando los cuatro condenados transportaban en una embarcación neumática sin matrícula de 12 metros de eslora, equipada con tres motores fueraborda de 300 caballos cada uno, al menos 92 garrafas de 25 litros cada una, a una velocidad de unos 40 nudos en dirección al norte de África.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil movilizó a la patrullera 'Río Jiloca' hasta la zona en la que encontró la lancha, a la que ordenó que se detuviera mediante señales acústicas y visuales. En lugar de obedecer tales señales, la embarcación comenzó a hacer maniobras evasivas, con "repetidos y repentinos cambios de rumbo".

De esta forma, la nave de los acusados acabó por colisionar con la patrullera de la Guardia Civil, aunque "sin que conste que tuviera la intención" de hacerlo. Durante la huida, los acusados arrojaron al mar las garrafas con el combustible.

La patrullera continuó el seguimiento de la embarcación durante un tiempo no determinado, hasta el momento en que la misma, en uno de esos "repentinos y bruscos virajes", cortó por la proa de la embarcación oficial, sin que conste que lo hiciese con la intención de colisionar.

A consecuencia del impacto, la 'go fast' quedó sin gobierno ni posibilidad de continuar. Así, los agentes del Servicio Marítimo tuvieron que auxiliar a los acusados, que fueron finalmente detenidos. Posteriormente se recuperaron las petacas de plástico con el combustible en su interior.

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