La Junta de Andalucía y el Gobierno central van a abordar este jueves sus respectivas iniciativas para demoler y recuperar la playa de El Algarrobico de Carboneras (Almería) donde se sitúa el hotel inacabado promovido por Azata del Sol, sobre el que el Gobierno andaluz abrió recientemente un expediente para restablecer la legalidad de los terrenos.

La décima comisión mixta de este tipo, que se va a celebrar de modo telemático, está prevista a partir de las 11,00 horas bajo la presidencia de la Junta a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz.

El encuentro llega después de que la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio iniciara un procedimiento para restablecer la legalidad de los terrenos en las parcelas ocupadas por el inmueble una vez que el Ayuntamiento aprobó en Pleno la nulidad de la licencia de obras otorgada en enero de 2003 y, con anterioridad, declarara el paraje como no urbanizable de especial protección.

El acuerdo detalla las medidas para la reposición de los terrenos, a cargo de la empresa promotora, a través de un informe técnico previo en el que se incide en la demolición total de las edificaciones y las estructuras del establecimiento --como obras materialmente ilegalizables-- así como el desmantelamiento de servicios, infraestructuras o instalaciones complementarias.

También expone la necesidad de restaurar los terrenos para recuperar sus valores ecológicos y pasajísticos, sentido en el que habría que atender las determinaciones que establezca la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con un año como plazo máximo para instruir y resolver el procedimiento.

El documento rubricado el pasado 8 de septiembre por el director general de Ordenación del Territorio, Francisco Javier Díaz, instaba a solicitar la registro de la propiedad la anotación preventiva del procedimiento sobre las fincas afectadas para asegurar la actuación.

Asimismo, se procedió a notificar el acuerdo a las partes interesadas, a las que daba 15 días de plazo para presentar alegaciones, así como a las administraciones públicas implicadas en el proceso.

Al mismo tiempo, disponía el cese de la obra aún en curso --ya paralizada cautelarmente por un juez en 2008-- así como la interrupción del suministro de los servicios públicos con la advertencia de precintar las obras si fuera preciso.

El documento, consultado por Europa Press, da cuenta del procedimiento de expropiación parcial iniciado por la Administración General del Estado sobre la mitad del hotel que invade la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre --unos 16.432 metros cuadrados-- en el que la Junta está personada como interesado sin que conste, por el momento, su finalización.