Cada vez más personas en España optan por criar gallinas en casa, ya sea en entornos rurales o en pequeñas explotaciones familiares, para asegurarse una fuente propia de carne y huevos. 

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta práctica, aunque parezca inofensiva, está sujeta a una regulación estricta que puede derivar en sanciones económicas importantes.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 637/2021, cualquier persona que tenga gallinas para autoconsumo está obligada a registrarlas. Esta normativa, que comenzó a aplicarse en 2024, tiene como objetivo garantizar la trazabilidad de los productos de origen avícola y mantener estándares de sanidad adecuados.

El decreto establece varias condiciones que deben cumplirse para asegurar el bienestar de las gallinas y la calidad de los productos derivados de ellas. 

Entre los requisitos más importantes destacan el registro obligatorio (todas las gallinas destinadas al autoconsumo deben estar inscritas en el registro correspondiente), la prohibición de intervenciones quirúrgicas innecesarias (solo podrán realizarse procedimientos veterinarios con fines terapéuticos y siempre bajo supervisión profesional), las condiciones de alojamiento (las gallinas deben contar con un espacio adecuado, cama limpia y en buen estado para prevenir lesiones y permitir su descanso) y el acceso al agua (obligatorio proporcionarles agua en cantidad y calidad suficiente).

El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones económicas considerables. Aunque el decreto en sí no especifica multas concretas, se remite a leyes anteriores, como la Ley 8/2003 de sanidad animal y la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales. 

De acuerdo con este marco legal, no proporcionar los cuidados adecuados a las gallinas puede derivar en multas que van desde los 600 euros hasta 1.200.000 euros en casos graves. En cuanto al incumplimiento del registro obligatorio, las multas oscilan entre los 600 y los 3.000 euros.

Contactar con las autoridades veterinarias o con los organismos correspondientes permitirá cumplir con la normativa y evitar sanciones inesperadas. Además, seguir las recomendaciones sobre el bienestar animal no solo dará protección legal, sino que garantizará una mejor calidad de vida para las aves.