El Defensor del Pueblo, José Chamizo, ha pedido “un nuevo examen detallado de cada uno de los casos de menores tutelados “ por la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social de Almería con medida de acogimiento residencial de larga duración” y también que “se evalúe la lista de familias de que dispone la Administración con ofrecimiento para las distintas modalidades de acogimiento, y en consecuencia se programe una campaña para la captación en aquellos supuestos especialmente deficitarios”.
Ha sido la respuesta del Defensor del Menor, vía resolución, a situaciones como las de dos menores que, tal y como denunciara LA VOZ DE ALMERÍA, han pasado siete y once años respectivamente en un centro de acogida.
Entrevistas y visitas
Según se expone en la resolución, en el curso de las visitas que de forma ordinaria realiza el Defensor del Menor a centros donde residen personas menores de edad tuteladas por la administración se produjeron entrevistas con el personal de un centro residencial básico ubicado en Almería capital, y en dicha entrevista detectaron el caso de unos menores, tutelados por la Delegación Provincial de Almería, que llevaban 6 años residiendo en el centro, “en contradicción con el principio legalmente establecido de preferencia de la medida de acogimiento en familia respecto del acogimiento residencial”.  “Es por ello que incoamos, de oficio, un expediente de queja a fin de escrutar los motivos por los que el Ente Público de Protección no promovió para los menores citados una medida alternativa al internamiento residencial de larga duración, evitando con ello los consabidos efectos negativos que la larga permanencia en centros residenciales provoca en el normal desarrollo de las personas menores”, reza el escrito.
Desde el Defensor del Menor se dirigieron a la Delegación de Igualdad solicitando información y en respuesta a su petición, la Delegación “aportó datos sobre las circunstancias familiares de ambos menores, la motivación de su declaración de desamparo y pormenores de como se ejecutaron diferentes actuaciones encaminadas a que los menores pudieran vivir de manera normalizada en el seno de una familia, fuera ésta la biológica o, en su caso, una familia alternativa a la biológica, si bien todos los intentos realizados en uno u otro sentido fracasaron, siendo ésta la justificación de dicha permanencia tan prolongada en el centro de protección”.
Pero para el Defensor es indefendible el tiempo transcurrido (cuatro años en el caso de uno de los menores y 5 años en el otro), desde que se declaró la situación legal de desamparo hasta que la Comisión de Medidas de Protección acordó la medida de protección en familia sustituta. “Se trata de mucho tiempo, sin duda, pues aunque se dieran circunstancias complicadas que condicionaran la salida de los menores del centro y tal situación viniera a justificar la demora en la decisión de buscar una familia alternativa, lo cierto es que dicha demora, cuando supera un límite razonable, no resulta congruente con la misión encomendada al Ente Público de Protección en defensa de los derechos de las personas menores de edad”.
Demasiados casos similares
En la resolución se añade que “lo deseable sería que cualquier persona, tutelada por la Administración o no, viva y crezca en el seno de una familia y no lo haga en una institución residencial, por mucho que en ese centro se afanen en procurar para el menor una atención digna, cercana y afectiva”
Además, el Defensor del Menor quiso saber