Los nuevos estatutos de la empresa pública Gestión de Aguas del Levante Almeriense (Galasa), aprobados el pasado mes de julio, han provocado el enfado y preocupación del Partido Socialista que va a comenzar una campaña para pedir explicaciones sobre las consecuencias que, según el PSOE, su aplicaicón tendrán y para informar a la opición pública. 

Así, los alcaldes y portavoces socialistas de los 26 municipios de la provincia que mantienen relaciones con Galasa van a solicitar la celebración urgente de plenos en sus ayuntamientos para que se ofrezcan explicaciones públicas sobre los “graves perjuicios” que va ocasionar la modificación de los estatutos de esta empresa pública, dependiente de la Diputación Provincial.

Esta modificación, que ha sido aprobada por la Junta General de Accionistas de Galasa, en la que el PP tiene mayoría, prevé cambios sustanciales en las condiciones en las que se presta el servicio de gestión del agua, tanto en los municipios que son accionistas de la empresa como en aquellos que sólo tienen firmados convenios de colaboración.

La secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, ha explicado que con los nuevos estatutos se obliga a los municipios a aceptar una serie de condiciones si quieren que Galasa les preste el servicio.

Segura ha advertido de que esas nuevas condiciones suponen “un atropello a los derechos de la ciudadanía y el secuestro de la autonomía municipal”. Según ha explicado, con los nuevos estatutos de Galasa, los ayuntamientos se verán obligados a ceder a la empresa pública todas las competencias en materia de agua, lo que quiere decir que no podrán contratar un servicio determinado con esta empresa, sino que tendrán que cederle la gestión integral del ciclo del agua. Este extremo provocará problemas en ayuntamientos que tengan otras concesionarias, ya que tendrán que rescindirles el contrato y pagarles una indemnización.

Interés general

En ese caso se encuentra, por ejemplo, el Ayuntamiento de Albox, cuyo alcalde, Rogelio Mena, ha asegurado que los nuevos estatutos de la empresa púbñica Galasa “son una amenaza a los ayuntamientos y van en contra del interés general”, ha afirmado.

Tarífas únicas

Además de estas consecuencias inmediatas, el PSOE  también ha advertido de que los nuevos estatutos comprometen a los ayuntamientos que en el futuro quieran abandonar Galasa. Según Segura, “si un ayuntamiento accionista que no haya votado en contra de los nuevos estatutos o se haya abstenido pretende abandonar Galasa, tendrá que devolver el importe de las inversiones realizadas en su municipio y abonar a Galasa una parte de la deuda proporcional a la representación que ostente”.