Una sentencia judicial ha sembrado el temor acerca de un posible nuevo varapalo las maltrechas arcas públicas del Ayuntamiento de Garrucha. Un fallo exige al Consistorio volver atrás al proceso en el que se adjudicó la gestión del agua en este municipio del Levante; algo que ocurrió en el año 2022.

Una decisión judicial que, según fuentes municipales, podría obligar a la Administración municipal a “devolver esos 4 millones de euros” a la empresa beneficiaria del contrato y actual responsable del servicio. Se trata de la cantidad que esta ingresó tras la resolución del proceso para la gestión del bien líquido en la localidad.

Lo que es seguro es que el fallo judicial, al que ha tenido acceso este periódico, ordena retrotraer “el procedimiento al momento anterior a la exclusión de la recurrente” tras tener en cuenta los motivos de la empresa denunciante, una de las que pretendieron a hacerse con este servicio pero sin lograr la máxima puntuación.

Eso hizo que la compañía Amedida Gestión de Servicios Tecnológicos del Agua recurriera a la vía judicial defendiendo que su oferta tenía la viabilidad económica y de inversión necesaria para la gestión del agua, pese a que en aquel momento fue excluida del proceso por no cumplir con este requisito indispensable, según indicó entonces la Mesa de Contratación.

Sin embargo, según el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo propuesto por la empresa que ya gestiona el agua en otras localidades cercanas como Albox u Olula del Río, presentó una oferta “viable desde un punto de vista económico”, refiriéndose a “una pericial judicial” realizada “a instancia” de la denunciante.

En un comunicado, el Gobierno municipal ha advertido “a todos los vecinos” de la “gravísima situación en la que el municipio se encuentra como consecuencia de la última resolución judicial relacionada con la concesión del servicio de agua”.

En este sentido, denuncian que “el fallo judicial confirma lo que este equipo de Gobierno ha venido denunciando durante años: el concurso público realizado bajo el mandato de María López Cervantes (alcaldesa socialista en el momento de la adjudicación) fue un auténtico despropósito, lleno de irregularidades, incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público y vulnerando los principios de transparencia y legalidad”.

En esta misma línea, desde el Consistorio señalan que “el único interés del anterior gobierno socialista fue cobrar de manera inmediata 4 millones de euros, hipotecando con ello el futuro de Garrucha” pese a que “ahora esta operación realizada de forma irregular puede obligar al Ayuntamiento no solo a devolver esos 4 millones a la actual concesionaria UTE Aguas de Garrucha, sino también a indemnizar con millones adicionales por los beneficios, inversiones y lucro cesante de los 25 años de concesión”.

Una situación que, según el mismo pronunciamiento de la Institución local, supondría “una auténtica catástrofe financiera” y “la ruina de Garrucha durante décadas, dejando sin recursos a las arcas municipales y cargando a generaciones de garrucheros”.

“Una vez más, se confirma que el PSOE no solo no ha sabido gestionar, sino que ha sido el causante de uno de los mayores problemas económicos de la historia reciente de Garrucha”, han añadido antes de asegurar que “desde el Ayuntamiento de Garrucha reiteramos nuestro firme compromiso de defender hasta el final los intereses de los vecinos, adoptando todas las medidas legales necesarias para evitar que los errores del pasado socialista condenen a Garrucha para siempre”.