Más de cien días después de llegar al juzgado la denuncia sobre la pregunta malversación de unos 300.000 euros de dinero público de una cuenta bancaria de la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el principal elemento de prueba, más de un centenar de cheques firmados por las personas autorizadas en ese depósito, sigue siendo algo de lo que todo el mundo habla pero que muy pocos han visto.
Cuando la magistrada instructora del ‘Caso Cheques’, Alejandra Dodero, interrogó la semana pasada al exdelegado de Medio Ambiente Clemente García sobre los reintegros de fondos de esa cuenta, que se iniciaron cuando él era el responsable político y en la que seguía teniendo firma autorizada dos años después, los talones originales no habían llegado al juzgado. Y, según ha podido saber este periódico, al menos hasta finales de la semana pasada, no estaban aún a disposición de la juez.
Todos al portador, menos uno
En esos talones, extendidos entre marzo de 2009 y noviembre de 2012, deben encontrarse la mayoría de las respuestas a las muchas incógnitas que rodean este caso, denunciado por los actuales responsables de la Junta de Andalucía nada más tener conocimiento de los hechos. Los cheques, de acuerdo con la información que ha trascendido desde el inicio del caso, estaban extendidos casi en su totalidad al portador y por cantidades ligeramente inferiores a los 3.000 euros, una práctica orientada presumiblemente a evitar la obligación bancaria de identificar al cobrador de los talones cuando sobrepasaba esa cantidad (en la actualidad es inferior).
Casi en su totalidad, pero no todos. Hay un caso -el único de la serie, que supera largamente el centenar- que puede ofrecer algunas pistas relevantes a la investigación.
Se trata de un talón de 45.000 euros (la mayor cantidad de todas las cobradas a lo largo de casi cuatro años) extendido a nombre de una sociedad mercantil, una empresa almeriense que habría prestado unos determinados servicios autorizados -en teoría- por el entonces responsable de la delegación.
Es el único cheque que difiere. El resto tiene como denominador común no identificar, al menos sobre el papel, a la persona o personas concretas que habrían cobrado en cada ocasión el dinero.
La entidad bancaria en la que estaba abierta la cuenta, el BBVA, guarda un silencio absoluto sobre el asunto, y ni confirma ni desmiente que haya enviado ya los talones originales al juzgado o que vaya a hacerlo en próximas fechas.
La cuenta bancaria en cuestión tenía un destino muy concreto: el ingreso de las tasas por aprovechamientos forestales que pagan los particulares para actividades como, por ejemplo, la caza en montes públicos. Ese dinero tiene que ser revertido en inversiones en los montes. Pero en los últimos ocho años no se ha destinado ni un euro a ese tipo de inversiones, por lo que las salidas de dinero de la referida cuenta no habrían tenido, en todo caso, la finalidad que les correspondía.
Una cuenta antigua
Cuando comenzaron los reintegros, la cuenta contaba con un saldo de prácticamente 280.000 euros. En todos los años anteriores no se habían registrado salidas, según constató la investigación interna. En el momento de cesar los reintegros, quedaban unos 20.000. La cuenta, que data de los tiempos del Icona, no estaba fiscalizada por la Intervención de la Junta de Andalucía y escapaba a los controles.
Los talones pudieron ser cobrados porque venían avalados por firmas de los ‘claveros’, es decir, de las personas autorizadas para hacer movimientos en la cuenta. Entre ellos figuraba todavía dos años después de dejar el cargo, el exdelegado Clemente García. Ni su sucesora, Sonia Rodríguez, ni el actual delegado, tuvieron nunca firma.