Andrés García Lorca, subdelegado del Gobierno en Almería, resume el espíritu del ‘Plan de lucha contra el fraude laboral’. “Las actuaciones de la Inspección benefician a los trabajadores que se ven privados de sus derechos a través del empleo irregular, a las empresas que sufren una competencia desleal y a las arcas de la Seguridad Social y, por tanto, a las pensiones de todos los españoles”.

García Lorca presentó ayer los resultados del plan junto al jefe de Trabajo e Inmigración, Juan Ramón Fernández, y la jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Sonia Navas. Durante 2012 se realizaron en la provincia de Almería 9.800 controles, el 40 por ciento destinados “de forma prioritaria” a la economía sumergida. Es casi la mitad del total registrado en la comunidad autónoma.

Los datos ilustran el daño en las arcas públicas. Los inspectores consiguieron aflorar en la provincia de Almería 1.400 empleos en negro y -de forma simplificada- un fraude en impagos de las cuotas a la Seguridad Social de 14,2 millones de euros.

Sectores

Los expertos achacan estas estadísticas a las particularidades del tejido productivo almeriense. Por sectores, construcción (384 empleos), hostelería (232), agricultura (226) y comercio (222) copan los empleos irregulares detectados, en gran medida puestos con poca cualificación o en trabajos estacionales.

“Durante 2012 hemos desarrollado campañas de inspección específicas en los ámbitos donde están identificadas las mayores bolsas de fraude, en particular en la construcción, donde hacemos controles de obras y reformas, y en la hostelería en época estival y en la celebración de eventos como bodas y bautizos”, señala Sonia Navas.

Esta vigilancia sobre la economía sumergida en la provincia incluye también un control sobre los contratos a inmigrantes “sin autorización de trabajo”. Sin embargo, de las mencionadas 1.400 “faltas de alta en la Seguridad Social” sólo un 10 por ciento corresponde a extranjeros sin permisos.

Actualmente la provincia de Almería cuenta con una plantilla de  12 inspectores de Trabajo y Seguridad Social y 14 subinspectores de Empleo. Además, según explica Juan Ramón Fernández, su labor se ha reforzado con algunas modificaciones legales como la Ley 13/2012 contra de lucha contra el empleo irregular, el endurecimiento de las sanciones económicas a los infractores y las responsabilidades penales, si proceden.

“Estamos luchando para que la economía no se siga sumergiendo en la provincia. Este es un problema de cultura empresarial. Queremos dar esta información para decirle a la gente que estamos pendientes y que si no se educa por la vía del orden al menos se haga por la vía de la persuasión. Hay una actuación seria y fiscalizadora seria por parte del Estado para reprimir estas prácticas”, apostilla Andrés García Lorca.

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