La Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, conocida popularmente como Policía Autonómica, realizó en 2012 más de 600 actuaciones para la protección de menores en la provincia de Almería, en apoyo a las delegaciones territoriales con compentencias en materia de Justicia Juvenil, Educación y Bienestar Social.
El trabajo de los agentes es muy diverso y va desde la lucha contra el absentismo escolar hasta la protección de niños afectados por casos de violencia en el seno familiar. Una muestra. Según datos oficiales de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, órgano que encabeza Sonia Ferrer, los agentes participaron el año pasado en la instrucción de 55 informes.
Se trata de casos en los que la Policía Autonómica interviene “como último recurso cuando los mecanismos institucionales y familiares no pueden garantizar la protección de los menores en casos de especial conflictividad o gravedad”.
La Unidad Adscrita es competente en la redacción de informes de la situación sociofamiliar que rodea a menores que viven en zonas degradadas y conflictivas en base a su previa investigación, profundizando en el entorno escolar, familiar y sanitario del menor. 
Por otra parte, la incidencia de la Policía Autonómica es igualmente importante frente a casos de absentismo escolar. El año pasado se emitieron 114 informes y, según acredita la Junta, en algunos casos concluyeron “con la  imputación de los padres o tutores como presuntos responsables de un delito contra los derechos y deberes familiares”.
Esto es, los agentes imputaron a padres que no cumplieron con su obligación de escolarizar a sus hijos o, de forma más concreta, favorecieran que éstos no acudieran a las clases (ciclos de Infantil, Primera y Secundaria).
Los grupos provinciales de menores realizan tanto patrullas preventivas en horario escolar para la localización de menores absentistas como inspecciones periódicas en mercadillos y zonas marginales en los que el índice de absentismo es elevado.
“Cuando se determina que un menor es absentista se informa a los padres o tutores de la obligación que tienen de velar porque éste asista regularmente a clases y de las consecuencias, incluso penales, que puede conllevar su incumplimiento”, señala la Junta de Andalucía sobre las consecuencias.