El exalcalde popular de Albox, Francisco Granero, se sentará hoy en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación y otro delito por presunta omisión del deber de perseguir delitos. Ambas acusaciones giran en torno a la construcción en la pasada década de varias casas ilegales en La Aljambra, paraje del término municipal albojense.

Ante estos presuntos delitos y según fuentes jurídicas, la acusación popular representada por las familias afectadas pide un año de cárcel para Granero, que se enfrenta al juicio como acusado al igual que el promotor y tres técnicos involucrados en la construcción. Por otra parte, la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Junto a Francisco Granero figura el nombre de otro exedil de la Corporación municipal, Juan Luis Wandosell, aunque éste falleció años atrás, por lo que no puede haber proceso contra él.

A sabiendas
Según la Fiscalía Wandosell y Granero firmaron escritos autorizando a las empresas encargadas dar suministro eléctrico y de agua “a alguna de las referidas viviendas” pese a que el exalcalde albojense del PP eran “consciente” de que no podía conceder dicha autorización.

La imposibilidad de dotar de servicios básicos a estas viviendas radica en que las construcciones no disponían ni de licencia de obras y “mucho menos” de ocupación. Además, pese a conocer que “las viviendas en construcción eran ilegales” no inició “expediente de disciplina urbanística ni de restauración de la legalidad como era su deber” como alcalde. El escrito del Ministerio Fiscal es claro en este sentido. “Pese a ser autoridad competente para incoar y resolver los expedientes sancionadores por infracción de la normativa urbanística y estar obligados a denunciar los casos en los que se aprecie indicios de delito” no denunciaron “estos hechos ni inició ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística sino que incluso concedió las autorizaciones para el suministro eléctrico y de agua” reza el documento.

Además, tenían “conocimiento de las construcciones que se estaban llevando a cabo en suelo no urbanizable”. Asimismo acordó “liquidar, a lo largo del referido año 2004, el impuesto de sobre la construcción de varias de las viviendas” no efectuando “ninguna actuación dirigida a perseguir el delito contra la ordenación del territorio”.
Según el escrito de la Fiscalía, sólo cuando tuvo conocimiento de las diligencias iniciadas por la guardia Civil en octubre de 2006, dos años más tarde, se inició el expediente sancionador de disciplina urbanística.