Denuncian la construcción de “un nuevo Algarrobico” en forma de chiringuito

Los vecinos de dos urbanizaciones de Carboneras han pedido a la Junta de Andalucía la paralización de los trabajos de construcción de un nueva chiringuito cuyas obras, según han denunciado públicamente, han comenzado sin el ‘Trámite de Información Pública’, por lo que consideran que "no han cumplido todos los trámites legales al no presentar el proyecto a Información Pública".

Los residentes afectados, que han calificado la construcción como "un nuevo caso Algarrobico", se muestran "indefensos" ante la situación provocada por esta construcción de 242 metros cuadrados y cuatro metros de alto y avisan de que este chiringuito de playa supone un "evidente obstáculo visual, imponer a los vecinos la carga de soportar los ruidos, olores, humo, gases, basuras, depósitos, reparto de mercaderías, así como las lógicas molestias derivadas de la afluencia de público, y avisan que en ese punto se encuentra la salida de aguas pluviales de las comunidades de propietarios".

En concreto, el establecimiento se ha empezado a construir en la Playa del Lancón, ante lo que las comunidades de propietarios de los edificios Miramar y Bajel han presentado una instancia ante la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta para que se paralicen inmediatamente las obras, se declare nulo el acuerdo por el que se autoriza la construcción del mismo y “de todas las actuaciones habidas con posterioridad, incluida también la nulidad de la Resolución de 11 de enero de 2023 por la que se acuerda otorgar la concesión, acordando la retroacción de las actuaciones al momento de forma que se someta a trámite de Información Pública la última modificación del proyecto que ha resultado finalmente aprobada”.

Según han detallado los propios vecinos, la historia parte del año 2016, cuando se solicitó a la Administración andaluza los permisos oportunos para la construcción de un chiringuito en la misma zona. Entonces "sí se abrió un periodo de información pública" y el Ayuntamiento de Carboneras expresó su "rechazo" al mismo, recuerdan, alegando que la ocupación era “contraria a los intereses municipales de defensa ambiental y paisajística del frente litoral urbano y en aras de mantener y garantizar el uso público y libre de nuestras playas sin intrusiones paisajísticas ni riesgos de establecimiento de focos de suciedad y que puedan afectar a la viabilidad económica de los números establecimientos de hostelería situados a lo largo del paseo marítimo de Carboneras”.

Además, el Ayuntamiento argumentó en su rechazo que “las playas están suficientemente cubiertas" en cuanto a establecimientos "de comidas y bebidas con los numerosos" locales de hostelería y restauración "existentes en el Paseo Marítimo de Carboneras, por lo que se podría considerar una nueva competencia en tiempos de escasa afluencia turística”.

"La Junta de Andalucía le dio la razón al Ayuntamiento y rechazó la autorización de concesión", subrayan. Eso sí, el solicitante presentó posteriormente otro proyecto modificado, pero desplazándolo justo delante de los edificios de las comunidades de Miramar y Bajel. A pesar de ser "más perjudicial" según los vecinos y manteniéndose por lo tanto los argumentos que llevaron a la Junta a rechazar la anterior solicitud, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en esta ocasión "sí otorgó la concesión de ocupación" en la nueva ubicación propuesta para el chiringuito sin que se haya vuelto a dar dicho trámite de información pública tras esta modificación sustancial de concesión administrativa solicitada.

De este modo, ambas comunidades han reclamado su "derecho a poder alegar" en un periodo de exposición pública. En esta línea, recuerdan que la ley, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno refleja que "todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos" en la Constitución Española". Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será "de aplicación la correspondiente normativa autonómica”.

Por estos motivos, los vecinos piden a la Junta de Andalucía que se anule la autorización y se abra el trámite de información pública para poder alegar. Eso sí, exigen que, mientras tanto, ordenen la paralización inmediata de las obras antes de que sea demasiado tarde, recordando los sucedido con la famosa y polémica construcción del hotel en la costa carbonera.