La Junta trabaja para “que no se repita” el caso Payne

Poner orden en el urbanismo incontrolado de la pasada década y que dejó en el Almanzora miles de viviendas alegales fuera de ordenación al igual que en otros puntos de Andalucía, es una prioridad para la Junta.

Así lo ha asegurado en declaraciones a este periódico el director general de Ordenación del Territorio de Andalucía, José María Morente, quien se ha pronunciado sobre el caso de la vivienda alegal ubicada en Albox para la que los servicios jurídicos de la Junta han solicitado que se cumpla la sentencia de demolición. Una petición reciente pese a los mensajes lanzados en los últimos años por los partidos que entonces ocupaban la oposición y que ahora ocupan el gobierno a favor de la regularización de estas construcciones y en contra de las demoliciones.

Proceso heredado
Sobre la petición de derribo del inmueble en el que residía el matrimonio Payne de jubilados británicos, el director general ha alegado que es un caso con el que “nos hemos encontrado que estaba ya en marcha cuando llegamos al Gobierno”, asegurando que ahora deberán estudiarlo para “que nos sirva como para generalizarlo y buscar soluciones generales” y que “no se repita”.

Acerca de la petición de demolición, el responsable de Ordenación del Territorio ha recordado que obedece a “criterios jurídicos” en los que “no entra la política” pero que se encuentran “analizando ahora cómo está la situación jurídica y en función de eso, resolveremos”, aunque siempre “en el marco de la legalidad; pero siendo muy conscientes de la situación y de que no es lo mismo actuar a los diez años en una irregularidad que cuando está surgiendo”. Esa es precisamente una de las premisas más reiteradas a la hora de hablar de soluciones para que no se vuelva a repetir un caso como el de los Payne o los Prior en Vera, cuya casa fue demolida en 2008: la celeridad.  

Agilidad
En este sentido, Marín ha detallado que las soluciones en forma de leyes o normativa que se adopten deben permitir “que si hay algún problema se detecte con tanta rapidez” como sea posible y no cuando “la vivienda está acabada” como en el caso albojense ya que considera las situaciones como la vivida por los Payne como algo “dramático” y que “nos duele mucho”.

De este modo, Marín ha avanzado futuras modificaciones legislativas para simplificar y controlar con más agilidad trámites como el PGOU de los municipios y aquellas leyes que permitan regularizar un mayor número de viviendas con un claro objetivo. “Tenemos que acabar con que las viviendas irregulares sean noticia en Andalucía”. Aunque para los Payne o los Prior ya será demasiado tarde.

Agilidad y resolución en las leyes
Conseguir que los procesos y trámites urbanísticos sean ágiles y que cuenten con la colaboración de todas las administraciones implicadas son algunos de los pilares sobre los que girará la política de ordenación del territorio del nuevo gobierno andaluz.

El director general de Ordenación del Territorio ha adelantado que, de cara a una mayor  regularización de viviendas “se pretende unificar toda la normativa y que sea resolutiva, que resuelva cosas y no que cree más problemas” con normas “cumplibles y que podamos exigir su cumplimiento consecuentemente”, además de solicitar la implicación de “los ayuntamientos”.