El hundimiento del cáñamo: de 260 cultivos a solo un nuevo invernadero declarado

Hace dos años el cultivo de cáñamo industrial de marihuana creció como una fiebre bajo el plástico de los invernaderos de la provincia de Almería. La promesa de ganancias millonarias alimentaba la ambición de los productores y expandía la hoja verde y puntiaguda en explotaciones antes reservadas para el tomate o el pimiento.

Los agricultores bienintencionados buscaban multiplicar los beneficios de cada centímetro cuadrado de sus fincas, mientras los agricultores malintencionados perseguían el negocio de una marihuana presuntamente legal.

La normativa permite cultivar marihuana de bajo THC (menos de 0,2 por ciento), siempre que sea de una simiente homologada, en explotaciones comunicadas a la Consejería de Agricultura y con un uso exclusivamente para la extracción de fibra o semillas. Utilizar el cogollo, secarlo o manipularlo es un delito.

Esto hacía en la práctica las plantas pudieran crecer sin problemas legales durante meses y que el delito se produjera cuando los agricultores secaran las sumidades, las empaquetaran y las transportaran, por ejemplo, a otros países europeos. Si la Policía Nacional o la Guardia Civil no detectaba este tráfico, sorteaban en el delito.

Así, la ‘moda’ del cáñamo industrial, sin antecedentes en la provincia, se disparó por encima de las 200 hectáreas. El Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA) anotó en los años 2020 y 2021 nada menos que 260 cultivos de cáñamo industrial en la provincia de Almería (en muchas de ellas no se llegó a cultivar). Las expectativas se disparaban.

Sin embargo, la presión policial y judicial provocó un giro en el sector desde aquel primer registro de la Guardia Civil en el paraje Los Vergeles de Níjar, caso resuelto ya con una sentencia firme de cárcel contra el agricultor, pionera en la materia. Sacar la fibra es legal, comercializar otro producto es un delito de narcotráfico.
Desde entonces se han sucedido las intervenciones de cáñamo industrial, con más de medio millón de plantas decomisadas por la Benemérita el año pasado en la provincia de Almería.

Resultados

El resultado ha sido un frenazo en la producción. No solo los agricultores ‘legales’ han optado por cortar las matas ante el riesgo de incurrir en un delito contra la salud pública, sino que los narcos han sido arrinconados por los controles.

Una muestra de esta situación es la estadística del REAFA. Según datos oficiales facilitados por la Junta de Andalucía, durante el ejercicio 2022 solo se ha inscrito una nueva plantación de cáñamo industrial en la provincia. Antes, 260 en dos años. Ahora, una en un año.

Dicho de otro modo, si existen plantaciones no han sido comunicadas, son totalmente clandestinas y no han acudido a ese requisito de inscripción en Agricultura que les pretendía dar una apariencia de legalidad para sortear los controles.

Esto es interpretado desde las autoridades como un éxito de las campañas judiciales, policiales y de concienciación en el mundo agrario. No en vano, Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, fuerzas de seguridad del Estado, Fiscalía Antidroga y asociaciones agrarias han colaborado en los dos últimos años para aclarar la ‘confusión’ sobre los usos legales.

Y por encima de todo ello, las imágenes de personas detenidas en plantaciones de cáñamo han tenido un efecto demoledor. De hecho, Almería protagoniza tres de las cinco mayores operaciones contra el cáñamo efectuadas en España (dos casos en Cataluña y Navarra han desbancado a Almería recientemente) y la línea marcada por la Fiscalía Antidroga de Almería ha sido copiada y aplicada en otros puntos del país donde la planta ganaba espacio a pasos agigantados. Ahora van a comenzar a llegar a los tribunales de justicia todos esos casos acumulados desde principios del ejercicio 2020.