Este lunes empieza el juicio contra el exalcalde de Carboneras

EL fiscal pide 13 años inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa

La vista oral, señalada en dos sesiones que continuarán el 25 de octubre ante el tribunal de la Sección Tercera.
La vista oral, señalada en dos sesiones que continuarán el 25 de octubre ante el tribunal de la Sección Tercera. La Voz
La Voz
07:00 • 27 sept. 2021

La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el arranque del juicio contra el exalcalde de Carboneras Salvador Hernández (Gicar), quien se enfrenta a una petición fiscal de 13 años de inhabilitación para cargo público como miembro de una corporación local acusado de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.



La vista oral, señalada en dos sesiones que continuarán el 25 de octubre ante el tribunal de la Sección Tercera, dirime si Hernández, actualmente concejal en la oposición, adjudicó supuestamente varios servicios a dos empresas “indebidamente”, pese a “ser conocedor de las irregularidades administrativas” y, según el Ministerio Público, “a sabiendas de su ilegalidad”.



Irregularidades en los contratos



El fiscal considera que el ex alcalde se valió de la junta de gobierno local para adoptar una serie de decisiones administrativas que tilda “contrarias a la ley” ya que habría adjudicado varios servicios a determinadas empresas como contratos menores “tramitándolo indebidamente, afectando los principios de concurrencia y publicidad que deben regir la contratación pública, a pesar de ser conocedor de las irregularidades administrativas”.



La acusación del Ministerio Público se centra en los contratos realizados a dos empresas entre, al menos, 2011 y 2016 por un importe de más de 300.000€ mediante su supuesto fraccionamiento para “eludir la publicidad de dichas contrataciones”.



A tenor de estos hechos, la fiscal aprecia varias “irregularidades”, como que el objeto de las facturas fuera, en esencia, “similar”, ya que consistía en “trabajos relacionadas con el Área de Urbanismo”. la Fiscalía estima que el importe total de todas las facturas asciende a 204.918 euros.





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