Coronavirus, el último paso en el campo minado de la Operación Poniente

Un alto cargo comparó la irrupción de los agentes de la Policía Nacional en el Ayuntamiento de El Ejido con el pistoletazo de salida en una carrera de fondo. Una maratón. La mayor operación contra la corrupción emprendida nunca en Almería. Sin embargo, once años después del arresto del ex alcalde Juan Enciso (PAL),  el  proceso parece más cercano a una travesía por un campo de minas. Cada paso, un mundo. Cada centímetro, un riesgo.

La última amenaza es el coronavirus. La vigencia del  estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la expansión expira el 31 de marzo, justo la fecha señalada para el comienzo de las declaraciones en el juicio oral contra la presunta trama corrupta de Elsur.

Ahora bien, la situación parece abocar la celebración de la vista a un aplazamiento. El Ejecutivo valora prolongar la alarma más allá del periodo anunciado  inicialmente y el juicio de la denominada Operación Poniente tiene todos los ingredientes para propiciar la suspensión.

A saber, en el banquillo de los acusados se sentarán 44 personas por la presunta desviación de fondos públicos. Todos ellos estarán representados por una treintena de abogados y se enfrentarán a las acusaciones del Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de El Ejido, Izquierda Unida y la Abogacía del Estado.

El tribunal está compuesto por tres magistrados (Társila Martínez Ruiz, Jesús Martínez Abad e Ignacio Angulo González de Lara) y en la sala estará presente un agente judicial para la asistencia de las necesidades del proceso.

Espacio físico
Dicho de otro modo, sin contar la posible afluencia de  público asistente y medios de comunicación (hay una sala de prensa habilitada en la planta baja del Palacio de Justicia de Almería), unas 80 personas deberían compartir desde el 31 de marzo una sala de vistas de unos 90 metros cuadrados.  Es imposible guardar las distancias de seguridad recomendadas por las autoridades en un escenario de tales características.

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Almería ya solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspender todos los actos judiciales previstos, antes incluso de conocerse el estado de alerta.

Los magistrados mostraron su malestar por la ausencia de materiales profilácticos, que en el edificio apenas se concretaron en unos carteles con advertencias sobre la necesidad de mantener una adecuada higiene de manos.

El aplazamiento de las primeras sesiones se vería avalada por la ausencia de personas en prisión. El CGPJ acordó atender las cuestiones urgentes, pero el juicio tiene fechas marcadas en el calendario hasta el último día laborable del mes de julio y todo apunta a un nuevo cambio en la agenda.