Blas Méndez Capel, antiguo jefe de servicio en la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Almería, rompió la línea dibujada por las defensas de otros servidores públicos y respondió ayer a las preguntas de la magistrada Mercedes Alaya para aclarar el procedimiento para la concesión y justificación de las subvenciones para cursos de formación. Ni los delegados provinciales imputados en el marco de la Operación Barrado ni los jefes de servicios habían respondido a preguntas hasta ahora.

Según fuentes judiciales consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA, Méndez negó “órdenes de superiores” de la Junta de Andalucía para favorecer el pago de subvenciones a empresas que no hubieran justificado adecuadamente la realización de los cursos.

Según su versión, los pagos se liberaron de acuerdo a las bases  y sin injerencias, un testimonio que contrasta con la tesis de la magistrada, que apunta a “una red de clientelismo político” generalizada sostenida por la Junta  a través de la concesión de ayudas públicas.

Mercedes Alaya no mencionó directamente a Francisca Pérez Laborda, ex delegada de Empleo en Almería imputada en la instrucción judicial, aunque preguntó a Blas Méndez Capel sobre las instrucciones de sus jefes inmediatos.

Reintegros y plazos

La magistrada instructora de la Operación Barrado puso el acento durante su interrogatorio en dos aspectos del procedimiento: los expedientes de reintegro y las subvenciones entregadas a empresas fuera de plazo.
Sobre la primera cuestión, Blas Méndez aseguró que los reintegros de fondos concedidos a empresas que no habían acreditado adecuadamente el desarrollo de los cursos se hicieron de acuerdo al procedimiento reglado. Serían “entre 10 y 15”.

Por otra parte, el jefe de servicio describió el sistema para el pago del segundo tramo de las ayudas (un 25 por ciento de la subvención que se aportaba al final de los cursos, cuando se acreditaba convenientemente). Según su versión, muchas empresas apuraban los tres meses de plazo y obligaban a la Administración a sobrepasarlo para analizar la documentación requerida. En este sentido, matizó que desconocía irregularidades en las sociedades beneficiarias y que nunca participó en tales actividades.

La Operación Barrado se abrió a principios de 2015 en paralelo a la investigación de los cursos de formación de la Operación Edu. La primera la lleva la UCO de la Guardia Civil y está centralizada en el juzgado de Sevilla. Es la investigación que supuso la detención de Pérez Laborda en Almería. Mientras, la segunda intervención está ramificada en juzgados de toda la comunidad y está coordinada por la UDEF de la Policía.