Los propietarios o inquilinos de inmuebles en Almería que sean ocupados de manera ilegal pueden cortar los suministros de la vivienda, como el agua, la luz o el gas, sin que ello suponga un delito. Así lo establece la unificación de criterio llevada a cabo por los magistrados de varias Audiencias Provinciales en España.

El pasado 7 de marzo, los jueces de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona determinaron que "en caso de que el titular de una finca (en régimen de propiedad o cualquier otro título que habilite su uso) ocupada o que ha sido objeto de allanamiento de morada no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos, no será constitutivo de un delito de coacciones". Este mismo criterio fue adoptado previamente por la Audiencia Provincial de Gerona, y sienta un precedente para otras provincias españolas.

Con esta nueva directriz, los propietarios almerienses pueden dejar de pagar los suministros sin temor a ser denunciados por coacciones, lo que podría acelerar la salida de los okupas de los inmuebles.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Andalucía es una de las comunidades con mayor número de demandas por ocupación ilegal, acumulando junto con Cataluña el 40% del total en España. En 2024, se registraron 449 denuncias en la comunidad andaluza, un número que refleja la magnitud del problema en la región.

El tiempo medio que tarda un propietario en recuperar una vivienda ocupada en España es de aproximadamente 8 meses y medio, según datos de Alquiler Seguro. No obstante, este período puede extenderse hasta 12 meses en algunas comunidades autónomas. 

La eliminación de suministros básicos podría hacer que los okupas abandonen los inmuebles más rápidamente, reduciendo los plazos de recuperación para los propietarios afectados.

El criterio adoptado por los jueces catalanes sirve de referencia para otras Audiencias Provinciales que podrán aplicar esta misma interpretación legal en casos de ocupación ilegal. La decisión refuerza los derechos de los propietarios y les otorga un mecanismo legal para hacer frente a este problema sin incurrir en responsabilidad penal.