Populismo Judicial

Hace unas semanas abordábamos desde esta misma tribuna el inquietante fenómeno de los populismos en el ámbito de la política. Hablábamos de primitivismo político, de formas degeneradas, sofísticas y demagógicas de democracia, pero sobre todo hacíamos alusión a las ideas de Gramsci, Negri, Mouffe y Laclau, que de alguna manera legitimaban, según grados diferenciados, una necesaria dosis para que el sistema democrático esté vivo y no se anquilose en formas burocráticas, oligárquicas o escasamente representativas. 
Este brote ideológico, generalmente desestructurado, basado en proyectos personales, en planteamientos arbitristas y en la canalización del descontento, como es obvio, ha emergido como consecuencia de la crisis económico-financiera, de la frustración ante los potenciales y teóricos beneficios de la globalización, y, sobre todo, del aumento de las desigualdades en términos de distribución de la riqueza. En concreto, decíamos que el populismo es una reacción profunda a la globalización, a la servidumbre del capital, a los procesos de homogeneización, a las instituciones representativas remotas, a la democracia administrada, a las puertas giratorias, a las instituciones intermedias ineficientes, a la sofistificación política, a las crisis de las ideologías y de los partidos políticos, a la disciplina de voto, a la burocracia del euro, al turnismo político, a los intelectuales que se comportan como estómagos agradecidos, a la tolerancia vestida de mansedumbre o servidumbre, a la facilidad monetaria que no genera crédito sino burbujas...
Pero básicamente, la reflexión que hacíamos era que el populismo es fundamentalmente el síntoma, no la enfermedad de nuestro tiempo. El populismo no es sino la respuesta política a la quiebra de las expectativas de los ciudadanos, que se ven cada vez más defraudados ante un sistema escasamente representativo y participativo, y, obviamente, cada vez más injusto y desigual. Y como no podía ser de otro modo, la fuerte inercia del fenómeno ha contagiado esferas públicas que tradicionalmente parecían inmunes a él por su tradicional conservadurismo: me refiero al estamento judicial.

Decisiones En los últimos tiempos estamos asistiendo a decisiones judiciales y jurisprudenciales insólitas en nuestro ordenamiento y sistema jurídicos que comportan un claro tinte populista. Dichas decisiones nos están abocando  a nuevos riesgos e incertidumbres: especialmente los relativos a la puesta en cuestión de la seguridad jurídica. El ejemplo más claro, pero sobre todo de más alcance económico, es el de las cláusulas suelo. Visto en perspectiva, y a tenor de las sentencias, sería la mayor estafa económica hecha a los ciudadanos, que ahora masivamente van a solicitar el reembolso de las cantidades supuestamente cobradas de forma injusta. Prácticamente con independencia de si realmente eran conscientes o no de la mencionada cláusula en el contrato hipotecario.
Aceptar esto como una estafa sería aceptar que el sistema de fe pública no ha funcionado, que el ordenamiento jurídico es perverso en sus cimientos, que los ciudadanos se encuentran en situación de minoría de edad permanente, por lo que habría que limitar el alcance de la libertad contractual a través de un mal entendido paternalismo judicial. Pero, sobre todo, sería reconocer abiertamente que los mecanismos de protección al cliente no han funcionado. Y en este lance, el Tribunal Supremo español tomaba cartas en el asunto adoptando una decisión incoherente y claramente desafortunada que ha tenido que ser corregida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No es malo que los jueces, aplicando su intuición, adopten decisiones populistas; pero siempre que estas sean anecdóticas y no se conviertan en la generalidad. Sin duda, el hecho de que existan estas decisiones esporádicas enriquece el sistema judicial y jurisdiccional. Pero el problema es que en la actualidad estamos acudiendo a un goteo constante de sentencias, con implicaciones de gran alcance económico y de gran impacto ciudadano, que atentan claramente contra la seguridad jurídica. Sin duda, muchas de ellas serán justas, pero otras muchas no lo serán por lo generalizada de la decisión.
No es función de los jueces retorcer los textos legales para exprimir una lágrima de justicia. Los textos legales deben procurar la justicia y la equidad, pero el legislador no ha estado a la altura a la hora de dar respuesta a los problemas de la gran crisis económica que hemos vivido. Los graves problemas de esta crisis en el ámbito de la protección del deudor hipotecario no los ha afrontado con determinación el legislador, por lo que han tenido que ser los jueces, que en muchos casos han actuado como héroes, los que han buscado in extremis un resquicio legal  para poder aplicar justicia. Por lo tanto, los graves problemas no son la cláusula suelo o un reparto más justo de los costes en la formalización hipotecaria. Los grandes problemas han sido los desahucios, la limitación de las causas de oposición en la ejecución hipotecaria, o la falta de una verdadera segunda oportunidad. El legislador ha creado mecanismos legales insuficientes, como es el caso de una falsa e ineficaz ley de segunda oportunidad, y los jueces y magistrados, ante la presión social, han cedido a su intuición adoptando medidas populistas que atentan contra la seguridad jurídica y que, ante la falta de unas reglas de juego claras, acabarán encareciendo la financiación hipotecaria.