El Gobierno compra las 40 hectáreas de tierra contaminada de Palomares

Es el más claro indicio de que la limpieza del plutonio en las tierras de Palomares va para largo, si es que alguna vez a ir. El Estado ha tirado por la tangente: ya no quiere seguir pagando alquileres a los propietarios de los terrenos contaminados por ocupación temporal- lo que supone un pico considerable -sino que va a expropiar forzosamente la superficie afectada de radioactividad desde hace más de 50 años. 

Así lo ha anunciado ya en el  Boletín oficial del Estado a los propietario la Delegación del Gobierno de Andalucía, quienes tendrán hasta el final de esta semana para formular alegaciones a “la urgente ocupación de bienes que requieren especial vigilancia radiológica ambiental en los términos municipales de Vera y Cuevas del Almanzora”.

 El expediente se tramita a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y afecta a terrenos de naturaleza rústica y urbana que suman 40 hectáreas con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada por  medio kilo de plutonio diseminado en el subsuelo. Desde hace más de una década, el Estado viene pagando una renta a los propietarios de las 43 fincas que componen las tierras afectadas, hasta que ha dicho que basta, que prefiere comprar a justiprecio que seguir pagando un alquiler ad calendas graecas.

La mayor parte de los terrenos son de naturaleza rústica, excepto una zona del término municipal de Vera, conocida como Cañada de Don Julián, y otra, a espaldas de Villaricos, propiedad de la compañías Villaricos S.L. de capital inglés, que proyectaba antes de decretarse la Ocupación Temporal Forzosa, un complejo de apartamentos, en las últimas estribaciones de Sierra Almagrera.

El propio Ayuntamiento de Vera es también, en parte, expropiado en terrenos de su propiedad. 

La última información judicial sobre Palomares se  conoció a principios de este mes de julio a través de la sentencia de la Audiencia nacional que eximía al Consejo de Seguridad Nuclear de la obligatoriedad de ejecutar el plan de limpieza radiológica de Palomares, tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción. Dos magistrados de la Audiencia, Carlos Fernández de Aguirre y Helmuth Moya Meyer, han emitido voto particular en el fallo de la Audiencia Nacional criticando la “falta de información y transparencia” en la gestión del área de más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica. 

Al tiempo, certifican la existencia de “zanjas con residuos radiactivos” que no reconoce el tribunal como hechos probados, así como que la contaminación es por “plutonio” y por “americio”.

Durante el procedimiento contencioso-administrativo, y de acuerdo a las instrucciones dadas por el Ministerio de la Presidencia, la Audiencia Nacional blindó el acceso al Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 que pidió al Consejo de Ministros que desclasificara y lo puso bajo custodia del letrado de la Administración de Justicia a efectos de que no trascendiese su contenido hasta limitar el acceso temporal y presencial a las partes. 

Cuevas podría personarse en la causa

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, ha indicado su intención de pedir que se active la Comisión Interministerial sobre el contencioso de Palomares, que quedó interrumpida por el confinamiento el pasado año. “Si la negativa a limpiar los terrenos sigue firme, nosotros estamos dispuestos a personarnos en la causa”, indicó ayer el regidor cuevano.

El principal inconveniente para la limpieza de Palomares, cuyo presupuesto ha sido tasado en torno a 30 millones de euros, es, según el Gobierno la no disponibilidad de un almacén temporal de residuos nucleares en España, y la falta de un compromiso vinculante de Estados Unidos para asumir el traslado.