Vuelco en el Caso Poniente: la Fiscalía retira la mitad de los delitos fiscales

El fiscal Gázquez considera prescritos los delitos contra la Hacienda Pública de 2002 a 2005

Nueva sesión del Caso Poniente.
Nueva sesión del Caso Poniente. La Voz

El futuro del denominado Caso Poniente sufre un vuelco a un mes y medio de la declaración en el juicio oral del exalcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL). Anticorrupción anunció este viernes la retirada la acusación sobre más de la mitad de los delitos contra la Hacienda Pública y asesta un tijeretazo a las peticiones de cárcel para los procesados en la presunto trama corrupta de Elsur.


El fiscal Jesús Gázquez considera prescritos los delitos contra la Hacienda Pública en el periodo de 2002 a 2006 y solo presenta acusación contra las actuaciones de 2006 a 2009, según expuso la mañana del viernes en la Audiencia Provincial de Almería durante la cuarta sesión de “cuestiones previas” del juicio.


La cuestión es compleja técnicamente. De forma simplificada, el reloj de la prescripción comienza a contar cuando se comete el delito. Solo se interrumpe cuando se produce la detención o la imputación judicial. En el caso de los delitos fiscales juzgados, el tiempo de prescripción es de 5 años.


Las partes llevan semandas debatiendo cuándo se paró el reloj. Las defensas creen que todos los delitos fiscales están prescritos, pero el fiscal Jesús Gázquez marca en rojo una providencia de junio de 2011 (luego hubo otros dos documentos). Y argumenta.
“Esos escritos contienen la calificación jurídica del delito fiscal, identifican a los presuntos autores y se les advierte de que van a seguirse contra ellos por esos delitos”, aseguró Gázquez en su intervención del viernes.




 “No es una imputación genérica sino que se están concretando y los presuntos responsables están perfectamente identificados”.
Por tanto, como los delitos fiscales prescriben en un plazo de 5 años, el fiscal anticorrupción solo seguirá en sus peticiones respecto a los ejercicios fiscales de 2006 en adelante.


El tribunal compuesto por los magistrados Társila Martínez, Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad deben decidir si estiman la versión de las defensas (todo prescrito) o la versión del fiscal (solo una parte prescrita).  En cualquier caso, la modificación supone una victoria parcial para los procesados. En la práctica, decida lo que decida el tribunal, ya evitan gran parte de las hipotéticas condenas.

Rebajas
Las cifras son esclarecedoras entre los principales acusados. La petición del Ministerio Público pasa de 64 años de prisión a 40 años para el exalcalde Juan Enciso y para el exinterventor municipal José Alemán (representados por Francisco Torres y Francisco Ferre respectivamente).


Para el empresario José Amate la acusación fiscal pasa de 97 años de prisión a 37 años, para Juan Antonio Galán de 174 años de prisión a 94 años y para Ambrosio Cuevas de 73 años de prisión a 25. Las cifras son igualmente llamativas en lo referido a las multas económicas, sometidas a un severo recorte.


Entre los grandes beneficiados está también la empresaria Isabel Carrasco, esposa de José Alemán y representada por el letrado Carlos Ferre. La Fiscalía pedía antes 85 años de prisión por 21 delitos. En cambio, ahora se enfrenta a una solicitud de 9 años de prisión por solo dos delitos y evita todas las multas.


 La acusación del Ayuntamiento de El Ejido (también representa al Partido Popular) arguyó que los delitos contra la Hacienda Pública se apuntaban ya en las diligencias de investigación del Ministerio Público de 2009, en un intento de atrasar el reloj de la prescripción.

Este debate jurídico es totalmente independiente del retraso en la celebración del juicio del Caso Poniente (las detenciones fueron en octubre del año  2009). De hecho, esto introduce otro matiz. Las dilaciones en la instrucción judicial del asunto lleva casi irremediablemente a que todos los acusados puedan beneficiarse en el futuro de una atenuante (¿muy cualificada?) ante una posible condena. El juicio se extenderá hasta  finales del mes de julio, según el calendario de sesiones fijado por el tribunal de la Sección Tercera.

 

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