La Abogacía del Estado supera la petición de la Fiscalía de Almería y solicita 34 años de prisión para el empresario catalán Miguel Rifá por presuntos delitos de alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública entre los años 2008 y 2011.
El escrito de acusación, consultado por LA VOZ DE ALMERÍA, asegura que el empresario hotelero trazó un plan para descapitalizar sus empresas y eludir el pago de impuestos y deudas contraídas.
El Estado afirma que el entramado tenía como objetivo “traspasar todos los bienes a otras sociedades también del grupo Rifá, en este caso sin deudas”. “A través de estas operaciones han sustituido bienes susceptibles de embargo por pagarés no a la orden”, añade el escrito de acusación.
La Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria en este caso, coincide esencialmente con la posición del Ministerio Fiscal, cuyo escrito de acusación adelantó el viernes LA VOZ DE ALMERÍA. Sin embargo, eleva la solicitud de 30 a 34 años de prisión por la comisión de dos presuntos delitos de alzamiento de bienes y seis delitos contra la Hacienda Pública.
Más allá de la complejidad técnica del caso, con 29 tomos y 12 folios, la Abogacía del Estado considera que Miguel Rifá y un grupo de presuntos testaferros intentaron eludir deudas millonarias traspasando activos a sociedades terceras. Y esto, según el escrito, a pesar de que existían recursos para hacer frente al principal acreedor.
“Tenían numerosas deudas con la Hacienda Pública, pero también numerosos bienes con los que podrían haber saldado la deuda con tal entidad”, indica la Abogacía del Estado.
Al inicio de las operaciones del grupo Rifá en 2008, la deuda con la Hacienda era de 84 millones de euros, según los informes incluidos en el sumario. La Fiscalía tasó el “vaciamiento patrimonial” en 98 millones de euros.
Y si el empresario transfirió activos de unas sociedades a otras, ¿dónde iba a parar el dinero? La investigación apunta presuntamente a sociedades portuguesas y británicas.
En cifras
Un informe elaborado por Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Almería, incorporado al sumario judicial y consultado por este periódico, sitúan la ‘fuga’ en un paraíso fiscal: las Islas Vírgenes Británicas.
El documento ejemplifica el supuesto modus operandi. A saber la sociedad Predios del Sureste (24 millones de euros de deuda en 2010) estaba participada por la portuguesa Arembepe Sociedade Empreitadas Ltd y, a ésta, por la sociedad británica Eskling Investor Llp.
“Y los partícipes de la sociedad británica son Skisir Limited y Solinger Limited, que tienen su domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas que, como se conoce, es un paraíso fiscal y, por lo tanto, ya no hay forma de averiguar que personas son sus titulares”, expone Vigilancia Aduanera. Los activos pasaban presuntamente de unas entidades a otras hasta hacer perder el rastro.
Según la valoración de los técnicos de Hacienda, “la deuda de las sociedades al inicio de las operaciones de alzamiento (10 de noviembre de 2008) alcanzaba un total de 84.370.000 de euros”.
En 2013 las “deudas de estas sociedades declaradas fallidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ascendía a un total de 118.790.000 euros”.
Estas cifras no son absolutas para todos los problemas legales del entramado societario de Miguel Rifá y sus socios, ya que existen otros procesos judiciales abiertos y también acreedores privados.
Por otra parte, la Abogacía del Estado solicita para Israel Martínez penas que suman 17 años y cuatro meses de prisión por la comisión de dos presuntos delitos de alzamiento de bienes y tres contra la Hacienda Pública. Estos últimos se refieren a supuestas irregularidades con el IVA en los ejercicios fiscales 2008, 2019 y 2012.
Además, imputa como personas jurídicas a una decena de sociedades vinculadas al propio Miguel Rifá o a algunos de los supuestos testaferros utilizados para el “vaciamiento patrimonial”, en palabras de la fiscal Elena Fernández Lora en su escrito de acusación.
La magistrada Ana Belén Vico, titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería, dictó un auto el pasado martes para la apertura de juicio oral. Las defensas tienen un plazo de 20 días para presentar sus escritos frente a las acusaciones vertidas por el Ministerio Público y Hacienda.
La investigación iniciada por la Agencia Tributaria indaga sobre la legalidad de la transferencia de 13 hoteles del grupo Rifá y más de un centenar de fincas en la provincia de Almería, así como presuntas irregularidades fiscales.
“Con las investigaciones se pretende demostrar que con esta trama se han realizado una serie operaciones mercantiles a las que se les ha dado apariencia de legalidad, pero que han sido diseñadas y realizadas con el único fin de defraudar a la Hacienda Pública y al defraudar a la Hacienda Pública se perjudican a todos los ciudadanos que sí pagan sus impuestos”, expone un informe fechado el 31 de mayo de 2012 y aportado en el inicio del sumario del Caso Rifá.
El empresario catalán llegó a la provincia de Almería a principios de los años setenta y armó un auténtico imperio empresarial gracias a potentes inversiones en el sector hotelero. El Gran Hotel, adquirido a principios de siglo, era su buque insignia como parte de la historia de la ciudad de Almería.
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