Más de 20 millones a los ayuntamientos para la contratación de 1.975 personas desempleadas

Esta medida se incluye en la ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral que entró en vigor ayer

Gracia Fernández junto a Miguel Ángel Tortosa.
Gracia Fernández junto a Miguel Ángel Tortosa.
La Voz de Almería
13:00 • 14 ene. 2016

La Junta de Andalucía destinará 20.139.425 euros a los ayuntamientos de Almería para promover la contratación de al menos 1.975 personas desempleadas en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal mediante la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria. Así lo ha anunciado hoy la delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya, que ha presentado junto al delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, la ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, que entró en vigor ayer tras su publicación en BOJA el 12 de enero.




“La Junta se ha marcado un objetivo claro: crear empleo estable y de calidad y hacer de Andalucía y Almería una tierra de oportunidades que genere confianza y en esa línea vamos a seguir aplicando medidas de estímulo para la generación de puestos de trabajo y la recuperación, con hechos concretos como esta ley, los dos decretos de medidas urgentes para el empleo, el Plan de Choque, los dos Planes de Construcción Sostenible, el Programa de Inclusión Social, el Plan de Actuación del Trabajo Autónomo o los incentivos de la Agencia IDEA a proyectos industriales y generadores de empleo”, ha destacado la delegada del Gobierno.




La Ley, que recoge una inversión de 381,9 millones de euros para el año 2016 y prevé la formalización de más de 60.000 contrataciones, fue aprobada en el Parlamento andaluz el pasado 22 de diciembre. Según ha detallado Gracia Fernández, el texto incorpora algunas novedades respecto al decreto ley de marzo de 2015, la principal de ellas la adaptación de los programas destinados a la contratación de jóvenes y parados mayores de 30 años al nuevo diseño del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, después de que el Gobierno central ampliase hasta los 29 años la edad de cobertura de las medidas incluidas en este programa, a propuesta de la Junta de Andalucía.




De esta forma, el programa Emple@Joven vuelve a facilitar la contratación en la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria de los jóvenes menores de 30 años, mientras que el programa Emple@25+ vuelve a denominarse Emple@30+ y a dar cobertura a los desempleados de 30 años en adelante. Emple@Joven cuenta con 12.109.093 euros de presupuesto para Almería y Emple@30+ con 8.030.332 euros.




La delegada del Gobierno ha destacado otras novedades, como la forma de pago de las ayudas a los ayuntamientos, que ahora contempla un anticipo del 100% frente al 50% del decreto; la eliminación del límite para poder contratar a personas que hubieran participado en los programas de empleo anteriores; la obligación de que todos los contratos sean a jornada completa y por meses completos, con un mínimo de 6 para los jóvenes y de 3 para los desempleados mayores de 30 años.




Asimismo, Fernández Moya ha anunciado la apertura de un nuevo plazo de presentación de proyectos para los ayuntamientos de dos meses a contar desde ayer y la publicación en los próximos días en la Oficina Virtual del Servicio Andaluz de Empleo de la redistribución de fondos a los municipios tras la adaptación de los tramos de edad que cubren Emple@Joven y Emple@30+




Estos programas incluyen ayudas de 1.300 a 1.700 euros mensuales brutos por contrato que hagan los ayuntamientos para proyectos de obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza regularmente el personal de la Administración local. Para los jóvenes de entre 18 y 29 años es requisito indispensable estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, en todos los casos, estar desempleado. Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos que residan en el municipio o la provincia en la que se va a desarrollar el proyecto y a los que son beneficiarios del Ingreso Mínimo de Solidaridad o parados de larga duración con la prestación agotada.





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