AEPA pedirá “luz y agua” para casas ilegales mientras llegan las medidas

Dos asociaciones y seis ayuntamientos han entregado un informe de su situación a la Junta

Guillermo Mirón
19:41 • 23 dic. 2013

La Junta de Andalucía ya tiene en su poder los informes elaborados por seis ayuntamientos del Valle del Almanzora y dos asociaciones sobre la situación urbanística que afronta cada localidad.



Este proceso forma parte del “grupo de trabajo” compuesto por la Junta, el Ayuntamiento de Albox y la Asociación de Empresarios y Profesionales de Albox-Valle del Almanzora (AEPA), cuya creación fue anunciada semanas atrás por la secretaria general de Ordenación del Territorio, Nieves Masegosa, en una reciente visita al consistorio albojense.
El propósito, según expuso entonces Masegosa, era dar una respuesta de forma “ágil” al problema urbanístico. Desde AEPA no olvidan este compromiso realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y quieren respuestas inmediatas.


Colaboración




Los dosieres que el colectivo empresarial se ha encargado de recopilar muestran la realidad de cada municipio en relación a las viviendas ilegales existentes en su término, así como propuestas para solucionar esta situación. El número de casas fuera de ordenación en esta comarca almeriense se sitúa en torno a las 13.000 edificaciones.
Los ayuntamientos que han colaborado con AEPA en esta labor han sido los de Albox, Zurgena, Arboleas, Cantoria, Taberno y Partaloa. Además de la asociación albojense, también ha remitido un informe con sus impresiones la asociación de propietarios de viviendas afectadas mayoritaria en la provincia, Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN).


La documentación fue entregada al delegado provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Manuel Ortiz Bono. Existe el compromiso de celebrar una reunión entre las partes interesadas en las próximas semanas donde se analizará el estado de cada localidad a tenor de los informes entregados.





Provisional 


Será ahí donde los empresarios soliciten que “al menos de forma provisional”, la Administración andaluza regule la posibilidad de que las casas ilegales que no se encuentren inmersas en un proceso judicial puedan disfrutar de una conexión regulada a los servicios básicos como son “la luz y el agua”, según ha adelantado su presidente, Martín Martos.





Los documentos aportados por los ayuntamientos son un fiel reflejo de las numerosas casuísticas que afectan a cada municipio y de la compleja situación urbanística en la que se encuentra el Valle del Almanzora. A las distintas realidades presentes en la comarca, hay que sumarle el ‘handicap’ que suponen aquellas viviendas cuyo futuro ya está en manos de la Justicia. Sin embargo, hay una “demanda común” en prácticamente todos los ayuntamientos: dar una “solución a las construcciones realizadas mediante parcelación” (dos o más casas en una misma parcela urbanística).



Problemáticas 


En la misma visita Albox que la directora de Ordenación del Territorio hizo en noviembre, Nieves Masegosa adelantó que las parcelaciones son una de las  “cosas que se están estudiando” pero que la solución debe ser aplicable “en toda Andalucía”. A la espera de que esas medidas lleguen, AEPA propondrá un primer paso para mejorar la calidad de vida de aquellos propietarios que se ven obligados a conectarse de forma ilegal a los servicios básicos o que directamente han abandonado sus hogares al carecer de los mismos.



Sería un paso más dirigido a normalizar la vida de los afectados y que, aún lejos de solventar este problema, sí que solucionaría el día a día de cientos de habitantes del Valle del Almanzora que aún no ven la luz al final del tenebroso túnel que está suponiendo encontrar una solución para la situación urbanística de la comarca.



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