La justicia investiga la publicación de los datos personales de concejales

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Vera ha admitido a tramite la querella interpuesta contra el alcalde y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Garrucha por un presunto delito de prevaricación y otro de revelación de secretos.

Los hechos que motivaron la querella interpuesta por cinco concejales del PSOE se remontan precisamente a los instantes posteriores a la toma de posesión del actual Gobierno municipal, formado por PP y ‘Garrucha, con la Gente’, cuando los ediles entregaron al Ayuntamiento su declaración de bienes y patrimonio.

Según la querella interpuesta, los datos fueron publicados el 27 de junio en las propias redes sociales del Ayuntamiento, incluyendo otros “de carácter personal” y “sin consentimiento alguno” como son su DNI, número de teléfono móvil, domicilio personal o incluso el número de cuentas bancarias, entre otros datos.

Algo que iría en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD) y que habría puesto “en una potencial situación de riesgo a los concejales afectados”. En este caso, los denunciantes Ángel Capel, Francisca del Rosario Rosa, Rocío Galindo, Ana Lucía Rodríguez y José Antonio Castillo.

Una publicación que según los querellantes supone una “grosera vulneración de principios elementales del ordenamiento jurídico por relevantes autoridades públicas del Ayuntamiento de Garrucha, perfectas conocedoras de los mismos, puesto que ellos mismos han solicitado reiteradamente que se publicaran los datos de los concejales, llevando a cabo una actuación plenamente consciente y deliberada”.

Los concejales socialistas señalan como responsables al actual alcalde, Pedro Zamora (PP) y al teniente de alcalde, Álvaro Ramos, al considerar que el primero es el responsable de las políticas de protección de datos de carácter personal así como el concejal, responsable del Área de Personal.

Por un lado, los ediles, en la oposición, consideran que puede haber un presunto delito de prevaricación al asegurar que los actuales dirigentes habían sido “advertidos” de que la posible publicación de estos datos iba contra la normativa. Por otro lado, entienden que la publicación de los mismos lleva a un presunto delito de descubrimiento de secretos.

Ahora, el Juzgado de Vera ha ordenado incoar las correspondientes diligencias previas así como citar a los querellados para que declaren como investigados dentro del proceso. Del mismo modo, la sala ha pedido que se llame para declarar a los querellantes y al secretario del Ayuntamiento como testigo de los hechos denunciados.

A falta de que el proceso judicial avance en un sentido o en otro, el escrito del Ministerio Fiscal al Juzgado de Vera subraya que “existen indicios de criminalidad contra los querellados” y que por lo tanto “procede la admisión de la querella presentada” a falta de realizar las investigaciones oportunas.

Por su parte, el auto del juzgado en el que enumera las personas que deberán declarar, requiere al Ayuntamiento que remita documentación como el acuerdo de nombramiento de encargado de protección de datos en el Consistorio de Garrucha, los acuerdos, comunicaciones o instrucciones realizadas ordenando la publicación de las declaraciones de bienes de los concejales de la Corporación o las instrucciones realizadas a la persona responsable de publicar los contenidos en el perfil de Facebook del Ayuntamiento con publicación de las declaraciones de bienes de los concejales de la Corporación en Facebook.