Demandan a una residencia por la muerte de un mayor que escapó

Francisco Soto tenía 68 años y llevaba cuatro meses ingresado en la Residencia de Mayores San Rafael de Campohermoso (Níjar), con un precario estado de salud tanto físico como psíquico, cuando, sin que nadie haya explicado todavía cómo, saliera una noche del centro y anduviera deambulando hasta encontrar la muerte. Su desaparición, ocurrida el 18 de mayo de 2017, mantuvo en vilo no solo a su familia sino a decenas de amigos y voluntarios, que participaron en varias batidas de búsqueda durante los cuatro meses en que estuvo en paradero desconocido. El cuerpo de Francisco, que debía tomar abundante medicación debido a sus varias dolencias, fue hallado meses después, concretamente el 26 de septiembre, en una zona próxima de Campohermoso. La autopsia determinó que había fallecido apenas dos días después de dejar el centro. 

Con las circunstancias del caso y los informes médicos, sociales y administrativos por delante, la familia de Francisco Soto ha decidido acusar formalmente a la residencia de negligencia y ha presentado ante uno de los juzgados de Primera Instancia de Almería una demanda contra la misma y contra su compañía de seguros. A ambos les piden una idemnización de 220.000 euros. 

Los argumentos de la demanda, que lleva el abogado Alfredo Najas en nombre de dos de las hijas de Soto, se centran en lo que consideran falta de diligencia profesional y de observación de protocolos básicos de atención a los residentes por parte del centro al que tenían encomendado el cuidado del hombre. Según reza en el escrito de demanda, los familiares siguen sin explicarse, por ejemplo, cómo pudo una persona con la movilidad mermada (andaba con andador o en silla de ruedas) salir del centro saltando una pequeña valla, por qué no estaba cerrada la puerta de la residencia a la hora de la desaparición (el reglamento establece a las 19:00 y a las 21:00 se produjo la fuga), o cómo pudo salir sin ser visto por nadie cuando el centro “presume” de tener 40 cámaras de vigilancia. 

Francisco Soto “estuvo errante, perdido y a la deriva durante más de dos días hasta encontrar su muerte. No hay que ser adivino para ponerse en su lugar e imaginarse la agonía de sus últimos días”, señala Najas de la Cruz. El letrado abunda también en que las hijas han decidido recurrir a la Justicia dado que ni la residencia ni la aseguradora han reconocido “su obvia culpabilidad y negligencia” y no han ofrecido una “justa indemnización”. “Parece que bastaba con decir lo siento mucho, no volverá a suceder”, argumenta el abogado de la familia. “No olvidemos -señala-que las residencias están obligadas contractualmente y por Ley al cuidado, vigilancia y custodia de los mayores”. 

Francisco Soto, cuya desaparición tuvo eco mediático porque se organizaron varias batidas de búsqueda, estaba ingresado en la residencia San Rafael como consecuencia de una dependencia severa y un grado de discapacidad física y psíquica del 75%. La familia esgrime los profusos informes médicos sobre su delicado estado de salud, así como las conclusiones que la Inspección de Servicios Sociales de la Junta hizo tras visitar el centro a los cuatro días de la desaparición. Esos informes hablan de deficiencias de varios tipos. El abogado relata que, al poco, otro residente logró escapar pero en, este caso sí, lo encontraron a tiempo.