Cientos de personas piden en la calle la salvación de la asociación ‘Apafa’

Centenares de vecinos de la comarca almeriense de Los Vélez se han manifestado este sábado en defensa de la 'Asociación de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual (Apafa)' que, tal y como adelantó este periódico, se encuentra en riesgo de desaparecer debido a que la Secretaría de Estado de Servicios Sociales le reclama el reintegro de más de 600.000 euros.

Se trata del importe de una subvención concedida para la construcción de un nuevo edificio en Vélez-Rubio, que aunque fue empleada para tal fin, sufrió un "error formal" por parte del colectivo al ser justificada.

Así lo ha explicado la presidenta de Apafa, Matilde Díaz, quien ha detallado que la marcha popular ha congregado a "todos los alcaldes y concejales" de las cuatro localidades que forman la comarca: Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, María y Chirivel. Asimismo, han asistido también representantes de UGT, trabajadores del centro, asociaciones y vecinos en general.

La manifestación, que ha comenzado frente al edificio del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, ha discurrido por varias calles del municipio hasta el centro, en el cual se han abierto las puertas para "que se vea que el edificio está hecho para su fin". Díaz, quien se va a reunir al respecto este miércoles 10 de octubre con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha explicado que fue en 2015, con el edificio ya construido y puesto en marcha, cuando se les notificó un expediente de reintegro de la subvención por falta de justificación, con lo que se inició un procedimiento administrativo primero y judicial después para tratar de evidenciar el buen destino de los fondos obtenido con cargo al IRPF.

La sentencia judicial dictada en firme desfavorable a los intereses de Afapa se basa en la existencia de un error de forma, después de que notificara la selección de la empresa constructora "telefónicamente" sin haberlo hecho después mediante un escrito oficial.

Tras este hecho, la presidenta de Apafa ha mantenido diversas reuniones con responsables políticos e institucionales, tanto bajo el anterior Gobierno como con el actual, para tratar de obtener una solución viable que, a su juicio, pasaría por la no ejecución de la sentencia. "Es una decisión estrictamente política", ha valorado Díaz, quien cree que la Administración central debe ponderar el principio de proporcionalidad a la hora de adoptar una decisión que afectaría a un centenar de personas con discapacidad intelectual y otros tanto trabajadores.

"No somos una empresa, no tenemos ganancias", ha incidido antes de señalar que un fraccionamiento de pago o decisiones de similar calado que supusiera el reintegro de la subvención conllevaría el cierre de una entidad que "es el principal motor económico de la comarca". "Tienen que valorar la inejecutabilidad de la sentencia, puesto que harían un mal mucho mayor", ha opinado antes de reclamar nuevamente al Gobierno que atienda la petición.

A la espera de que la Administración central obvie la ejecución de la sentencia judicial y ofrezca una solución que permita la viabilidad del centro, Díaz ha calificado esta acción como "una llamada para sensibilizar el corazón de la Administración central".