Tres años de inhabilitación al alcalde por ocultar información a la oposición

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha fallado contra el alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, condenándolo a tres años de inhabilitación  especial para empleo o cargo público por un delito “contra los derechos cívicos” del concejal socialista José Luis Amérigo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA VOZ, afirma que el regidor “no entregó la documentación solicitada en las innumerables peticiones de información formuladas, en bastantes ocasiones, hasta al menos en veintiséis, por el concejal de la oposición Sr. Amérigo”. Asimismo, añade el juez que el alcalde tampoco entregó al edil socialista “los documentos reiteradamente solicitados por escrito, conociendo el alcalde dichas solicitudes y peticiones, y con dicha actitud pasiva se entorpeció la transparencia de la gestión pública del Ayuntamiento que presidía”.

Labor de oposición
Por lo tanto, la sentencia concluye que Salvador Hernández ha incurrido en un delito de atentado contra los derechos cívicos de la persona, tipificado en el artículo 542 del Código Penal.

El juez añade en su sentencia que en un sistema democrático “la oposición puede ser y de debe ser molesta para quien ejerce el poder, al realizar sus labores de control”, y añade que ello no legitima en absoluto “la utilización abusiva de las facultades de gobierno para entorpecer y obstaculizar su función, impidiendo el ejercicio de derechos a la información, documentación, o contacto con los ciudadanos, que las leyes expresamente reconocen”.

Recurso
La sentencia, no obstante, es recurrible ante la Audiencia Provincial en un plazo de diez días. El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha  reconocido a LA VOZ su sorpresa “porque el juez ha dado más valor a las declaraciones de la acusación que a la de testigos como el secretario municipal o el jefe de la Policía Local”. Asimismo, el regidor ha asegurado que recurrirán la sentencia, “confiando en que la Audiencia ponga fin a un culebrón que lleva ya tres años”. 

Por su parte, el portavoz socialista, José Luis Amérigo, ha mostrado su satisfacción, “ya que desde el principio confiamos en que se haría justicia, ya que estaba claro que no nos facilitaban la documentación”. Asimismo, el edil ha manifestado que “aún no hemos visto un 80% de la información que solicitamos”.

Autorización del alcalde
El juez encuentra responsabilidad de Salvador Hernández en el delito, ya que cuando el denunciante acudía a por los expedientes, ya fuese ante el secretario o cualquier funcionario -explica en la sentencia- recibía siempre la misma contestación: “no se lo damos sin autorización del alcalde”. Declaraciones que el juez da por “absolutamente ciertas”.

No obstante, las declaraciones que el juzgado considera que “faltan a la verdad” son las del secretario municipal, por lo que deriva las declaraciones de éste al Juzgado Decano “por si fuese autor de un delito de falso testimonio vertido en causa penal”.

El titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería estima que el secretario mintió cuando señala que la mayoría de los expedientes se le entregaron al denunciante, lo que no concuerda con la declaración del denunciante y que ha dado como cierta el Tribunal cuando afirma que al menos veintiséis no le han sido entregados, firmando siempre un recibí cuando se le entregaba, lo que no consta.