Alaya eleva a seis los altos cargos almerienses imputados en el caso de los cursos de formación

La magistrada Mercedes Alaya aumenta la nómina de imputados en su investigación sobre el supuesto fraude en la concesión de subvenciones para cursos de formación, desarrollada en el marco la Operación Barrado. La instructora imputa a tres altos cargos almerienses en la Junta de Andalucía entre los años 2010 y 2012.

El último auto la juez Alaya señala a Manuel Recio, ex consejero de Empleo, Alejandra Rueda, ex delegada provincial y ex responsable regional del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y Pedro Gracia, ex alto cargo en la misma consejería y de la agencia Idea en la provincia de Almería. Además, imputa al ex consejero de Innovación Antonio Ávila  por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.

La instrucción indaga sobre las responsabilidades de los altos cargos en la adjudicación de ayudas para cursos de formación a entidades privadas. La instructora ve indicios de delito en el procedimiento para la concesión de fondos a empresas y asociaciones desde 2010. Se centra particularmente en las excepciones de justificación, es decir, en las sociedades que recibieron ayudas sin haber acreditado en tiempo y forma sus actividades y que, aún así, percibieron importantes cantidades económicas.

“Responsables políticos de la Junta, a través de la Consejería de Empleo y el SAE, han concebido indiciariamente la formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma, generando una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones”, señala el auto.

La magistrada ya interrogó la semana pasada a Blas Méndez, jefe de servicio de Empleo en Almería, sobre este procedimiento. El funcionario insistió en que la Administración negaba las ayudas (una parte del 25 por ciento que se entregaba a posteriori) a las entidades que no podían acreditar debidamente los cursos y que, en cambio, las concedían de acuerdo al procedimiento al resto, aunque en algunas ocasiones se hacía fuera de plazo por la imposibilidad de la propia Junta para cumplir con los tres meses fijados para la resolución de los expedientes. Negó, por tanto, irregularidades sistemáticas.

Altos cargos

Sin embargo, Mercedes Alaya ahonda en la depuración de responsabilidades. Con las últimas imputaciones ya son seis los altos cargos almerienses vinculados a la Operación Barrado, iniciada a principios de este año en colaboración de con la UCO de la Guardia Civil. Además de Recio, Rueda y Gracia, están imputados Blas Méndez Capel, Francisca Pérez Laborda, ex delegada de Empleo, y Andrés Sánchez Hernández, ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Las nuevas imputaciones han provocado numerosas reacciones en el ámbito político. La líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, ha criticado que la presidenta Susana Díaz asegure que los casos investigados son anteriores a su gestión y afirma que su partida está “salpicado directamente el caso de los cursos de formación y también el de los ERE” y “nunca ha dado explicaciones”. La secretaria general del Partido Popular andaluz, Loles López, aseguró que pone en evidencia que “está más que justificada” la petición de comisión de investigación sobre este asunto que el PP ya ha registrado en el Parlamento andaluz”.