El CEIP Saiz Sanz cambia a la monitora, pero los niños no vuelven a las clases

Los padres de los cinco niños del aula TEA del CEIP Francisco Saiz Sanz de Aguadulce mantienen el pulso tras la denuncia de malos tratos y vejaciones presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar el pasado 23 de agosto.

Los padres se niegan a llevar a sus hijos a clase mientras no se aparte de manera definitiva a la maestra y a la monitora acusadas de supuestos “tratos degradantes, insultos, comportamientos agresivos y dejadez de funciones”.

Apelan a la “gravedad” de los hechos denunciados y a la especial vulnerabilidad de niños de entre cuatro y cinco años de edad diagnosticados de un trastorno del espectro autista (TEA). El caso, adelantado por LA VOZ DE ALMERÍA, ha provocado ciertos movimientos, aunque los padres los consideran insuficientes las soluciones planteadas hasta el momento.

La Junta de Andalucía anunció una investigación de la Inspección de Educación para evaluar la veracidad de las denuncias y posibles medidas de intervención. Como primera propuesta, la dirección del CEIP Francisco Saiz Sanz ofreció a los padres incorporar una tercera persona al aula para acompañar a la maestra y a la monitora, como posteriormente corroboró la propia Junta de Andalucía. Sin embargo, los tutores se negaron a aceptar esta solución.

Las faltas

Para intentar alcanzar un acuerdo, el centro comunicó este viernes a los padres que se ha sustituido a la monitora (el puesto es conocido como PTIS) y que la maestra se encontraba de baja. Esta situación tampoco les convence porque no quieren enfrentarse a un reencuentro con las denunciadas en el colegio en unos días.  De hecho, los padres han contratado al conocido abogado penalista Juan Marfil para defender sus intereses en el proceso judicial abierto contra las docentes.

Los alumnos no regresaron al aula el 11 de septiembre como estaban convocados, así que no se ha producido el reencuentro con las docentes. El problema ahora es saber cuándo podrán retomar las clases.

La dirección del CEIP ha informado de su incapacidad para cambiar a la profesora e, incluso, ha anunciado el inicio del protocolo por absentismo escolar por la faltas reiteradas e injustificadas a clase. Los padres, en cambio, las creen perfectamente argumentadas las ausencias.

Un punto clave para entender la fase en la que se encuentra el caso es el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Siete de Roquetas de Mar. La instructora no identificó indicios de un peligro para la integridad de los menores y, aunque citó a la maestra y a la monitora como investigadas, no consideró necesario acordar medidas cautelares como el alejamiento. La Junta de Andalucía ha aludido a esta resolución del juzgado para entender que no procede apartar a las docentes.    

Como adelantó LA VOZ DE ALMERÍA, los padres detectaron cambios en el comportamiento de los niños en el último trimestre del curso pasado. Ante la preocupación de un trato inadecuado en el aula, colocaron una grabadora en la mochila de un pequeño.