Enfermeras y fisios de Almería se ponen en pie de guerra

Más de 6.500 enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de la Sanidad Pública de Andalucía se han dirigido  a través del Sindicato de Enfermería, SATSE, al presidente del Gobierno ahora en funciones, Pedro Sánchez, para reclamar que recupere el abono íntegro de sus pagas extraordinarias, un derecho laboral sustraído hace 13 años y que les ha supuesto perder hasta un total de 7.500 euros.

Se trata de una iniciativa del Sindicato de Enfermería, SATSE, dentro de la estrategia que viene desarrollando desde el pasado año en el conjunto del Estado para que el Gobierno realice las modificaciones legales que correspondan y se ponga fin al recorte que sufren las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública en sus pagas extraordinarias desde 2010.

A nivel nacional más de 30.000 enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas han remitido estos escritos al Gobierno, de ellos 6.564 de Andalucía procedentes 660 de Almería, 1.023 de Cádiz, 371 de Córdoba, 307 de Granada, 515 de Huelva, 827 de Jaén, 991 de Málaga y 1.870 de profesionales de la provincia de Sevilla. 

Recesión

En concreto, las enfermeras y fisioterapeutas, al igual que otros miles de profesionales que trabajan en otros ámbitos de la administración pública, llevan sufriendo desde 2010 un recorte del 27 por ciento de la cuantía total de cada una de sus dos pagas extraordinarias al año, lo que supuso el primer año más de 300 euros y una media de 600 euros cada año de los posteriores hasta la actualidad. En total, la cuantía asciende hasta los 7.500 euros.

En el escrito los profesionales señalan que es entendible que en un contexto determinado de recesión económica se tomen medidas para poder hacer frente a la situación, pero no lo es que, trascurridos ya 13 años, no se haya planteado ningún Gobierno eliminar el recorte de las pagas extraordinarias, a pesar de que cuando se promulgó se hizo con carácter temporal y excepcional.

“No se trata, en modo alguno, de un incremento retributivo, sino que se devuelva a los profesionales de la sanidad pública lo sustraído hace trece años”, apuntan.