Caso Poniente: “Me fui de la empresa porque sufría acoso sexual de José Amate”

Tras unos inicios dubitativos por los problemas técnicos, las agendas y el coronavirus, el juicio oral del denominado Caso Poniente devora poco a poco los interrogatorios de los acusados. Las sesiones están ofreciendo una versión descafeinada de los hechos revelados por la investigación de la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción, fundamentalmente porque la mayoría de los procesados ha renunciado a responder a las preguntas de las acusaciones.

Sin embargo, todas las jornadas dejan episodios reveladores sobre las relaciones de las empresas subcontratadas por Elsur en El Ejido y el circuito interno de los pagos y los cobros. Este martes prestó declaración Juan Antonio Galán. La Fiscalía pide para el empresario en su escrito provisional 174 años de prisión por 32 presuntos delitos (rebajará la petición en sus conclusiones por la posible prescripción parcial de los delitos contra la Hacienda Pública).

Galán aparece en las diligencias del Caso Poniente como uno de los principales beneficiarios de los contratos de la sociedad mixta Elsur. Según la tesis de las acusaciones, la presunta trama desvió fondos públicos entre 2002 y 2009 subcontratando a empresas de acusados como José Amate, Jesús Aragón, Ambrosio Cuevas o el propio Galán.

El procesado rechazó la existencia de una sobrefacturación en las tres empresas que dirigía para el mantenimiento de espacios públicos en Almerimar, Balerma y Guardias Viejas. “Es imposible y mil veces imposible, si tengo un contrato, certifico, ven el trabajo y cobro”, respondió sobre la sobrefacturación a preguntas de su letrado, Miguel Ángel Torres.
Además, negó cualquier falsedad en la facturación y lamentó, como ya hicieran en sesiones anteriores otros acusados, los impagos provocados por el Ayuntamiento de El Ejido.

En este sentido, Galán justificó que las conversaciones captadas por la Policía Nacional aludían a los problemas económicos generados por estas deudas y, en ningún caso, a comisiones ilegales pactadas con otros acusados como el ex alcalde Juan Enciso o el ex interventor José Alemán.

Denuncia de acoso

Por otra parte, en los interrogatorios del martes, compareció también María del Rosario Barcos, identificada como presunta testaferro de José Amate, empresario de las subcontratas y director de producción de Elsur al mismo tiempo.

Barcos aparecía junto a dos hermanos como administradora y/o socia de varias empresas del grupo Amate, según la acusación. En su declaración en el juicio, afirmó que estas sociedades las creó su padre con José Amate en un contexto de dificultades económicas. También alegó que no tenía capacidades ejecutivas y que era su primer empleo.

Sin embargo, según su relato, en 2005 tuvo que abandonar la empresa. “Dos meses antes de decidir que me iba, sufrí acoso sexual por parte de José Amate. Venía todos los días al despacho y, con la idea de hablar conmigo de cómo íbamos llevando la empresa, nos encerrábamos. Y un día empezó a ser muy cariñoso conmigo. Pensaba que un amigo de mi padre no podía hacerme esto (...) a los pocos días volví a la oficina. En el despacho le pidió a las chicas que saliera, hablamos primero de cómo funcionaban las cosas, y antes de irse y otra vez se puso cariño conmigo de más. Desde ese momento, sufría cada vez que pensaba que iba a venir al despacho”, relató.

Este presunto acoso afloró después de los arrestos del Caso Poniente. Rosario Barcos paró su declaración ante la magistrada instructora y, tras un receso, regresó para señalar a Amate. El fiscal Jesús Gázquez dijo en sala que el presunto acoso sexual estaría prescrito. Barcos subrayó que, en cierta ocasión, advirtió sobre las dudas de la legalidad de las acciones de estas empresas. “Me dijo que estaba correcto y que no iba a pasar nada”.