El fiscal rebaja su acusación para dos de los técnicos del Mesón Gitano

Ayer se cerraba el juicio oral contra tres técnicos municipales y dos representantes de la empresa Facto por la adjudicación de las obras del Mesón Gitano.

Se cerraba con las calificaciones del fiscal que tras cuatro días de declaraciones, modificaba los delitos que imputaba tanto a D.L.A. como a J.M.M. eliminando los cargos por prevaricación y tráfico de influencias, y manteniendo el relativo a negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Esto supone que finalmente la petición de penas para ellos es de año y medio de prisión, multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

Mantiene, sin embargo, los cargos sobre el funcionario J.M.S. para quien solicita penas de cuatro años de prisión, 17 años y nueve meses de inhabilitación, multa de 24 meses a razón de 12 euros al día y otra de 5,4 millones de euros como presunto autor de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. 

Al igual que con sus peticiones para el presidente de Facto, J.T.G. y el consejero, A.A. O., para quienes pide 18 meses de prisión y multa de 5,4 millones de euros como presuntos autores de un delito de tráfico de influencias.

Estas calificaciones llegaban tras la finalización de las declaraciones de los testigos que en el día de ayer contaba con la presencia del consejero delegado en ese momento de ‘Almería Urban’, Manuel Guzmán. 

Una testifical en la que defendió en todo momento la actuación realizada negando la posibilidad de que, a pesar de que la oferta económica valiera un 70%, la fórmula objetiva con la que se daba la puntuación pudiera quedar invalidada ya que “para eso había que saber todas las ofertas económicas”. Hay que tener en cuenta la importancia de esta fórmula ya que es la que decide el desempate entre Facto y Salcoa que concurrieron con el mismo proyecto técnico y con ofertas con un millón de euros de diferencia.

Forma
Preguntado por el fiscal sobre la persona que decide apostar por un contrato de proyecto y obra, el exconsejero delegado de ‘Almería Urban’ señaló al informe realizado por el arquitecto de la empresa municipal negando tener conocimiento de que fuera inducido.

Ante la renuncia de este mismo técnico a informar sobre el proyecto técnico tras discrepancias en la elaboración del documento final, Guzmán aseguró que “no” le preguntó los motivos y “tampoco los dijo”. 

Con respecto a la participación de J.M.S. en la elaboración de informes, Guzmán respondió no recordar en qué participó más allá de ser técnico informante, y aseguró que “nunca supe hasta que salió públicamente” la relación de la hija y la mujer de J.M.S. con Facto a través de Mirlo Inversiones Levantinas. 

Declaró además en calidad de testigo el secretario del Ayuntamiento de Almería, Fernando Gómez, quien aseguró  a preguntas de la juez que ante la presencia de dos proyectos iguales “no se suspendió el procedimiento” porque “a iniciativa del órgano de contratación se mandó a la Agencia de la Competencia a Madrid, que lo derivó a la de Andalucía” y que fue ésta la que comunicó que “no era motivo de suspensión”. Además aseguró que “la ley de contratos no lo recoge como motivo de suspensión”.

Preguntado por el fiscal del caso directamente si la elaboración de un informe que acompañó el expediente solicitado al inicio de la causa era para “legalizar lo hecho”, el secretario lo negó y afirmó: “No había nada que ocultar. Me piden un informe, lo hago y ya. Además, este informe no subsana nada, simplemente interpreta cómo se ha llevado a cabo el expediente”. Aseguró no haber visto “nada anormal” en la propuesta de la mesa de contratación.

Dos firmas
Declararon también tanto Ramón de Torres como José Rodríguez, los dos arquitectos que firmaron el mismo proyecto de Facto y Salcoa respectivamente. Explicaba el primero de ellos que se ha hecho “muchísimas veces” lo de concurrir dos empresas con el mismo proyecto. La primera en contratar es Facto y aseguró que quedó con ellos desde el principio en la posibilidad de trabajar para más de una empresa.

Tanto De Torres como Rodríguez reconocen que éste último entra en la fase final del proyecto, en su declaración afirma incluso que “conocía algunos planos”, y que lo hace para “tapar a otra arquitecta que no cumplía con la experiencia necesaria”. Lo que no queda claro es el motivo y quién toma la decisión de que se firme así.