Bloqueo institucional

Este artículo de opinión podría versar sobre la situación actual de bloqueo en la política nacional ante la dificultad de formar gobierno. O del Brexit, que empieza a ser un auténtico drama en Reino Unido. E incluso de los gobiernos ya formados en las distintas Comunidades Autónomas y que se han mostrado en pocos meses, e incluso días, en una jaula de grillos. Pero no, este artículo va dirigido al Ayuntamiento de Almería, a su equipo de gobierno y a los asesores que manejan sin control alguno las redes sociales del ente público. 

Algunos ciudadanos vienen –venimos- recibiendo insultos desde las cuentas fakes de ciertos asesores del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería a la par que se enmascaran para insultar a los distintos miembros de la oposición aludiendo a situaciones personales, físicas o profesionales. Cuando no contestan de forma impertinente y poco profesional a vecinos de Almería. Pero las redes sociales son así y si entras en su mundo te arriesgas a estas impresentables prácticas. Pero una cosa son los perfiles personales y los llamados “trolls” y otra muy distinta el manejo de las instituciones públicas. De un tiempo atrás se viene produciendo bloqueos en las redes a ciudadanos que son críticos con la gestión municipal en temas como la seguridad, la limpieza o las obras públicas. La portavoz del equipo de gobierno, María del Mar Vázquez, responde que los bloqueos se seguirán produciendo y que los que ya se han producido se han debido a los insultos y a la incitación al odio por parte de algunos vecinos. En la inmensa mayoría de los casos es sencillamente mentira. Podríamos debatir el nivel de tolerancia democrática de quienes nos dirigen en el Ayuntamiento pero lo que no es debatible es el derecho a la información que tiene cualquier ciudadano por parte de sus dirigentes.  La Ley 19/2013,  de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y el Portal de Transparencia del Gobierno señalan que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley de Transparencia”.

Este principio democrático no es compartido por el actual equipo de gobierno del PP, que se empeña en confundir su labor institucional con la militancia política y no admite crítica por parte de quienes ellos consideran ciudadanos sin derecho a la información y a la opinión.

La torpe política comunicativa del PP en el Ayuntamiento solo perjudica la imagen del ente público y la de la ciudad, esa misma ciudad que ellos mismos tildan de ser la “mejor del mundo” pero que poco a poco le van haciendo peor con sus prácticas caciquiles.