Los cambios del PP hacen la Ley de Costas “una trampica menos mala”

La Ley de Costas aún vigente, la de 1988, encontró una fuerte oposición entre casi todos los sectores de la sociedad, excepto los grupos ecologistas que si vieron con buenos ojos la ampliación hasta los 100 metros de la zona de dominio marítimo terrestre.

Pero en la mayoría de la costa española aparecieron grupos de personas que temían por el futuro de sus viviendas. Este es el caso de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas que lleva desde 2008 luchando por los derechos de los propietario cuyas viviendas se han visto afectadas por los deslindes establecidos de acuerdo a la ley.
Este es el caso de un grupo de vecinos de San Juan de los Terreros, en Pulpí, y de Carboneras.

Y todos ellos se crearon ciertas expectativas cuando el Gobierno de Partido Popular decidió iniciar una reforma de la ley socialista del 88.

Disgusto para todos
Sin embargo, conforme se ha ido conociendo el contenido, la decepción y el disgusto ha sido el denominador común para propietarios y, mucho más, para ecologistas.

Mientras que esto últimos, con la posibilidad de pasar en algunos casos el límite de la zona de servidumbre de protección de los 100 metros a 20, ven una puerta abierta a “enladrillar la costa” y un nuevo empujón al modelo de crecimiento “na da sostenible” que nos ha traído a la crisis actual, los segundos ven cómo sus aspiraciones no se satisfacen.

Para los afectados por la Ley de Costas (por la anterior y, por lo que dicen, también por la que salga en los próximas semanas de las Cortes), el quid de la cuestión es la condición de propiedad o de concesión que deben tener las viviendas construidas en domino público.

Sinvergonzonería
Pascual Campos, representantes de los vecinos de San Juan de los Terreros en la Plataforma nacional, explica que “las casas que estaban construidas antes de la Ley de Costas deberían ser propiedad privada”. “Con la ley anterior tenía una concesión de 30 años prorrogables y ahora me dan 75. Si antes era criminal, ahora me parece por lo menos una sinvergonzonería. Están haciendo una trampica un poco menos mala”.

Entre los problemas que este hombre, de 73 años y que vive en una casa construida hace 40 años junto al mar en la cala de la Tía Antonia, en Terreros, señala son que la valoración del edificio ha bajado un 40% y que cualquier día pueden ocurrir algo y quedarse sin nada. “Seguiremos plantando cara y pedimos que se considere una propiedad privada y que como tal, si ocurre algo que se nos expropie y se nos pague como a cualquiera”.