“La gestión del mandato anterior no respetó las normas legales”

“La gestión del mandato anterior no respetó las normas legales”. Esta rotunda sentencia resume el el análisis encargado por el Ayuntamiento de Garrucha a una empresa externa. Se trata del estudio del “cumplimiento de la legalidad de determinadas actuaciones, operaciones y procedimientos administrativos” realizados durante la anterior legislatura en la localidad.

Las conclusiones de trabajo elaborado por la empresa Kreston Iberaudit están basadas en la documentación analizada y que, según la firma, muestra evidencias “sobre los incumplimientos legales cometidos por el equipo de gobierno anterior”.

Entre las actuaciones detalladas se enumeran una serie de presuntas irregularidades como “adjudicaciones a dedo”, incorporación de personal “en fraude de ley” o la “contratación de los servicios de un abogado para defender a la entonces alcaldesa” a cargo del Ayuntamiento cuando, según la empresa, éste tenía “que haber sido pagado” por la entonces alcaldesa, María López (PSOE).

Así, el estudio afirma que se adjudicaron “contratos de bienes y servicios sin seguir, como establece la normativa, procedimientos de contratación”; es decir sin sacar concursos públicos (adjudicaciones a dedo)”. Unas contrataciones que “se realizaban siempre a un conjunto de empresas que resultaban beneficiadas en perjuicio de otras empresas que no tuvieron oportunidad”. Una presunta práctica que perjudicaría a “la igualdad de oportunidades” y que implica “un perjuicio económico a la hacienda municipal e incumplimiento de ley”.

En cuanto a la contratación de personal laboral temporal, los documentos concluyen que “no se siguió el orden de las listas de la bolsa en el llamamiento de personas para trabajar” así como que “se contrataron trabajadores que no habían participado en el proceso de selección ni estaban en bolsas de empleo” mientras que “se realizaron contrataciones mediante bolsas de empleo caducadas y por lo tanto se realizaron contratos en fraude de ley (no eran contratos por obra y servicios) contratándose a trabajadores que decidía el equipo de gobierno hasta hacerlos fijos”.

Acerca de la contratación de un reconocido abogado, algo ya muy criticado por la entonces oposición, esta se realizó, siempre según el análisis encargado por el Ayuntamiento, “sin concurso público y con cargo a las arcas del Ayuntamiento, lo cual es contrario a la ley” al considerar que “este contrato tenía que haber sido pagado por la alcaldesa” y no por el Consistorio.

Los documentos, ya en manos del equipo de Gobierno actual conformado por PP y 'Garrucha, con la Gente', también guardan un capítulo aparte para el estudio más enfocado a la situación financiera de la Administración municipal, partiendo de que el anterior equipo de gobierno defendió que “cerró el año 2022 con un superávit presupuestario de 1,72 millones de euros”.

Un importe que la empresa considera “distorsionado” por dos razones que “han hipotecado gravemente el futuro de las finanzas del Ayuntamiento”. Por un lado, hace referencia al ingreso de 4 millones de euros anticipados del canon por adjudicación del servicio de gestión del agua y a un “préstamo de 3,71 millones” de modo que , según el informe, “con estos ajustes, el resultado real es negativo” en “tres millones de euros”.

Para ejemplificar esta situación, el informe señala que para sanear las arcas, cada vecino debería abonar “372 euros para pagar el préstamo” y “304 euros para compensar el déficit”. Los documentos vuelven a apelar a las cifras defendidas por el anterior gobierno municipal, con un remanente en tesorería de 1,6 millones de euros.

Sin embargo, la empresa entiende que “si tenemos en cuenta” los factores antes mencionados, el remanente es negativo en 3,27 millones de euros, lo que “representa la necesidad de financiación del Ayuntamiento”.

El estudio también menciona cómo “desde 2019 a 2022 los gastos de personal aumentaron un 70%, pasando de 3,32 millones de euros a 5,66 millones”, lo que “representa 565 euros por vecino” al año. Una cantidad que la empresa compara con la media provincial, que “es de 350 euros por vecino”.