Zurgena esquiva una bala judicial que habría supuesto su ruina económica

El municipio de Zurgena ha regateado a la bancarrota. Pero esa finta no ha tenido forma de caño ni de bicicleta futbolística. Ha sido una sentencia judicial la que ha esquivado un varapalo histórico y que todavía, más de una década después, es consecuencia de la desastrosa política urbanística que se dio durante el ‘boom’ inmobiliario de los 2000.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha librado al Ayuntamiento de Zurgena del pago de más de 1,3 millones de euros reclamados por una constructora. Esta sentencia viene a confirmar el fallo judicial anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería.

El caso se remonta a la anulación de varias licencias de urbanización concedidas en el año 2004 y que posteriormente fueron revocadas por la justicia al dictaminar que el suelo donde se pretendía construir no era urbanizable.

Ante esta situación, la empresa exigió al Ayuntamiento una indemnización por “daños y perjuicios” debido a que ya no podría llevar adelante el proyecto previsto para el paraje de Los Menchones, donde estaba prevista la construcción de 22 viviendas tas la compra del terreno por 520.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento se opuso al recurso de apelación interpuesto por la promotora, defendiendo que la empresa “era conocedora, desde el primer momento, de que las obras que ejecutó no contaban con las correspondientes autorizaciones y licencias preceptivas”.

Ante esta coyuntura, el TSJA recuerda que “para que el daño sea indemnizable, además, ha de ser real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas” debe incidir sobre “bienes o derechos, no sobre meras expectativas”. Además, el tribunal es tajante al afirmar que no cree a la empresa cuando esta le transmitió que desconocía que los terrenos no eran urbanizables.

“No resulta verosímil la afirmación de la entidad apelante relativa a que no conocía la clasificación del terreno en que proyectaba la construcción de las tan nombradas 22 viviendas; tampoco que se otorgue irrelevancia a la definición del suelo concernido como rústico que figuraba en el título de propiedad que sirvió de base para la compra del mismo”, reza el fallo.

Tras conocer la decisión del TSJA, el abogado que ha defendido los intereses del Ayuntamiento de Zurgena, Alfredo Najas de la Cruz, ha aseverado que la sentencia “pone el punto y final a este importante asunto, ya que la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo requiere de determinados requisitos que en este caso no concurren, puesto que el objeto de enjuiciamiento ha sido analizar sí se daban o no los supuestos que se exigen para que pueda operar responsabilidad patrimonial por parte de la Administración”.

"Más de 1,6 millones"
En total, cabe recordar que la empresa pedía al Consistorio de Zurgena más de 1,3 millones aunque, según fuentes jurídicas de la máxima solvencia, esta cantidad “podría superado los 1,6 millones” añadiéndole otros costes en el caso de haber sido declarado responsable como los intereses. Sin embargo, esta solicitud ha sido negada en la sentencia emitida este 28 de octubre por el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Almería. En la sentencia, el juez recuerda a la empresa que “únicamente se ha producido la paralización de obras” de las 22 viviendas proyectadas, por lo que la promotora “conserva la propiedad de la finca o parcela objeto de las licencias anuladas”.

Una vez esquivada una indemnización que habría abierto una crisis económica sin precedentes en la localidad, el alcalde zurgenero, Francisco Martínez, ha mostrado su satisfacción con el resultado judicial, ya que reconoce que “hubiera sido la ruina del Ayuntamiento si se hubiera perdido,  ya que entre los intereses y las costas el importe se habría ido por encima de un millón y medio de euros”. Eso sí, Martínez aclara que “desde el Ayuntamiento no hacemos distinción en función de quien haya generado el problema y los defendemos con el máximo esfuerzo. Estamos hablando de autorizaciones que se dieron hace más de 15 años por el anterior alcalde y padre del portavoz de la oposición, Cándido Trabalón. Todos sabemos y conocemos la herencia judicial que dejó al Ayuntamiento. Lo dejó casi herido de muerte, pero con sacrificio y buenas decisiones, poco a poco, primero con el equipo de Gobierno liderado por Luis Díaz y ahora por mi persona, se va saliendo a flote. Éramos noticia un día sí y otro también como un municipio donde se incumplía la Ley”.

Eso sí, el regidor ha recordado que “Cándido Trabalón fue condenado por recibir regalos de una promotora, con varias estructuras de viviendas e ingresó en prisión por ello. Ahora somos noticia porque hacemos buena gestión en el municipio y porque somos uno de los pocos municipios de la Comarca del Almanzora que cuenta con normas urbanísticas aprobadas que dan seguridad jurídica en el municipio para que se pueda invertir”.