Carboneras

El PSOE lamenta “el daño a Carboneras“ por la causa judicial contra el exalcalde

El independiente Salvador Hernández se enfrenta a 13 años de inhabilitación

El secretario de organización del PSOE de Carboneras, Mateo Hernández.
El secretario de organización del PSOE de Carboneras, Mateo Hernández. La Voz

El secretario de Organización del PSOE de Carboneras, Mateo Hernández, ha lamentado “el daño causado por el ex alcalde" y actual portavoz de Gicar en el Ayuntamiento, Salvador Hernández, “al volver a poner en el punto de mira a Carboneras".

La formación socialista se refiere así a las consecuencias del juicio "en el que se tendrá que enfrentar a 13 añosde inhabilitación al ser acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa”. En ese sentido, desde la Agrupación Socialista se ha trasladado “la confianza en la justicia para aclarar lo que sucedió ante esta presunta irregularidad tan grave”.

En concreto, la acusación de la Fiscalía, según ha trascendido públicamente, se centra en los contratos realizados a dos empresas entre, al menos, 2011 y 2016 por un importe de más de 300.000 euros mediante su supuesto fraccionamiento para “eludir la publicidad de dichas contrataciones” y contratar “de manera discrecional”.

Mateo Hernández ha remarcado que, tristemente para los vecinos de la localidad, “no es la primera vez que tienen que ver al exalcalde frente a un juez y cómo, en ese caso, fue inhabilitado para cargo o empleo público ante la negativa a facilitar al Grupo Municipal Socialista el acceso a casi una treintena de expedientes y facturas por pagos a familiares o contrataciones millonarias realizadas por el Ayuntamiento de Carboneras”.

En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Almería acogerá en mayo el juicio contra el ex alcalde de Carboneras para dirimir si adjudicó supuestamente varios servicios a dos empresas “indebidamente” a través de “contratos menores” para que los llevaran a cabo las “personas de su confianza” y pese a “ser conocedor de las irregularidades administrativas” y, según ha señalado el Ministerio Público, “a sabiendas de su ilegalidad”.

En ese sentido, por parte de la Fiscalía se estima que el objetivo habría sido adjudicar esas actividades “a personas de su confianza” pese a que podía acudir al asesoramiento de la Diputación Provincial de Almería, a cuyos servicios se venía recurriendo por parte de la administración local para consultas tanto en materia económica, jurídica y urbanística como de recursos humanos.



 

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