Olula del Río

Atún rojo, angus y matarromera, las comidas pagadas por el Ayuntamiento de Olula

Algunas de las varias facturas pagadas en los últimos meses ascienden hasta los 738 euros

El alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual.
El alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual. La Voz

El Ayuntamiento de Olula del Río (PP) no ha escatimado en comidas y productos de primer nivel para agasajar a los distintos representantes que visitan la localidad. Las diferentes facturas, a las que ha tenido acceso este periódico, ascienden en algunos casos hasta los 738,10 euros por una comida.


En esa ocasión el convite pagado por las arcas municipales de los olulenses el 31 de enero del pasado año incluía, entre otros productos, jamón ibérico de bellota (96 euros), pata de pulpo asada (88 euros), tomate de temporada 70 euros) o cuatro botellas de vino por 73 euros, además de gallo pedro asado (63 euros) y presa ibérica de bellota (50,25 euros).


Llama la atención que en las comidas y convites del Ayuntamiento de Olula del Río se abona también con dinero público, según estos documentos, no sólo el alcohol consumido durante los almuerzos sino también las copas y combinados alcohólicos propias de la sobremesa. Como ejemplo, una factura de diciembre de 2018 en la que aparece una copa de ‘Tanqueray’, cinco de ‘Beeffeter’, una de ‘Larios 1866’ y dos de whisky de ‘Cardhu’.


Acompañando a las bebidas alcohólicas en la factura aparecen otros platos que, con mayor o menor importe, se repiten en varias ocasiones más, teniendo siempre como cliente al Ayuntamiento de Olula del Río dirigido por el alcalde popular de la localidad, Antonio Martínez Pascual. De hecho, en la factura de la comida celebrada en diciembre de 2018, aparece un importe de 160 euros correspondiente a ‘lomo bajo de angus’ y de 139 euros por cuatro botellas de vino de la marca ‘Matarromera’.


Cabe recordar que la situación económica del Consistorio de Olula del Río fue protagonista de un cruce de acusaciones políticas. El pasado mes de diciembre la oposición (PSOE) llegó a cifrar en 200.000 euros el importe de las facturas sin consignación presupuestaria, lo que significaría que las empresas que han realizado dichos trabajos “no podrán cobrar en los tiempos que establece la legislación”.

 

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