Albox

La Junta rectifica y retira el recurso en el que pedía derribar una casa alegal

El matrimonio Payne, con casa en Los Guillenes, lleva más de una década en un proceso judicial

El matrimonio Payne lleva más de una década luchando por salvar su vivienda.
El matrimonio Payne lleva más de una década luchando por salvar su vivienda. Guillermo Mirón

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han retirado el recurso en el que pedía al Ayuntamiento de Albox la demolición de una vivienda alegal situada en el paraje de Los Guillenes y que presentó después de que la justicia decidiera este mes de enero la suspensión del derribo hasta que el Ayuntamiento pudiera regularizar la situación urbanística del inmuebles.


Se trata de la vivienda adquirida a comienzos de la pasada década por el matrimonio Payne, cuyos dos miembros son originarios de Inglaterra, lugar al que han regresado cargados de frustración y problemas de salud después de más de una década luchando por la supervivencia de la casa en la que invirtieron todos sus ahorros y que contaba entonces con una licencia municipal que luego fue anulada. La Junta de Andalucía apeló semanas atrás el auto del 21 de enero en el que un juez acordó suspender la demolición que pesaba sobre esta vivienda puesto  que la edificación está en vías de regularización.

Suspensión del derribo

El juez también alegó al razonar la suspensión del derribo que, a estas alturas, ya habría “caducado” el expediente administrativo que abrió la Junta de Andalucía para restablecer la legalidad urbanística; es decir, para derribar este inmueble. Una vez que el recurso de la Administración andaluza se hizo público.


Preguntado por este recurso interpuesto días atrás, el director general de Ordenación del Territorio de Andalucía, José María Morente reconoció a este periódico que el del matrimonio Payne era un caso con el que “nos hemos encontrado y que estaba ya en marcha cuando llegamos al Gobierno” y dejó entrever movimientos para cambiar la política judicial en esta materia. Morente añadió que el recurso a la decisión judicial respondía a “criterios jurídicos” en los que “no entra la política” pero que se encontraban analizando “cómo está la situación jurídica y en función de eso, resolveremos” siempre “en el marco de la legalidad”, anunciando nuevas medidas legislativas y normativas para normalizar la situación de este tipo de viviendas. De hecho esta misma semana la consejera de Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, se ha comprometido a solucionar el problema de las viviendas irregulares. Carazo anunció que se trabaja en dos frentes.

Futuras soluciones

Por un lado, la Administración andaluza ha anunciado que se permitirá el reconocimiento de la figura de asimilado fuera de ordenación (AFO) para que los propietarios de viviendas irregulares puedan tener acceso al registro de la propiedad, a obras de consolidación y mantenimiento y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento.


En segundo lugar, se prevé resolver el problema global de los asentamientos urbanísticos mediante planes especiales autónomos no dependientes de los planes generales. El Plan Especial permite soluciones de conjunto para los asentamientos y la adopción de medidas para mejorar la calidad ambiental de los asentamientos con coste a cargo de los propietarios.

 

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