El PSOE propone negociar para evitar que "echen" a cinco pueblos de Galasa

El Pleno debate hoy la resolución del convenio con Armuña, Urrácal, Lúcar, Tíjola y Serón

Los diputados socialistas Francisco García, Juan Antonio Lorenzo e Isabel Arévalo.
Los diputados socialistas Francisco García, Juan Antonio Lorenzo e Isabel Arévalo.
E. de la Torre / La Voz
21:02 • 27 jul. 2017

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial va a solicitar al equipo de Gobierno del PP seguir negociando para que la empresa pública de gestión del ciclo integral del agua en el Levante y Almanzora, Galasa, siga prestando el servicio a los cinco municipios que no han aprobado las nuevas tarifas y a los que “el PP va a echar de la de la sociedad Galasa y por tanto de dejar de prestarles el servicio de abastecimiento de agua”. 




Según ha explicado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, en el Pleno de hoy viernes se pretende acabar con el convenio suscrito con los municipios de Armuña, Urrácal, Lúcar, Tíjola y Serón que no han aprobado las tarifas impuestas desde la dirección de Galasa y el gobierno provincial del Partido Popular. 




Incremento abusivo
El incremento del precio del agua ha sido considerado abusivo por estos ayuntamientos quienes, como ha recordado Lorenzo, han solicitado negociar un precio alternativo pero siempre han obtenido la negativa de Diputación por respuesta. “No se trata de una cuestión política -ha enfatizado el portavoz socialista-, puesto que hay compañeros y compañeras del PSOE que han aprobado sus tarifas y otros pueblos del PP, como es el caso de Tíjola, que no lo han hecho”. Como alcalde, a su vez, de Serón asegura que los ayuntamientos “hemos intentado un ajuste de tarifas sin conseguirlo, y ahora Diputación decide unilateralmente quitarnos de en medio y romper el convenio” con unos municipios que, por otro lado, “nunca nos hemos negado a subir el precio, pero sí a negociar dicha subida como se ha hecho en el Levante”, ha matizado. 




Desde el equipo de Gobierno y desde Galasa “siempre nos han planteado un precio único sin ningún tipo de estudio de costes concreto municipio a municipio”, ha criticado, y cree que éste sería necesario puesto que “no se puede pagar el agua al mismo precio en un sitio donde hay que comprarla que en otro en los que el agua cae de un manantial”.




"Chantajear y extorsionar"
El PSOE ha criticado duramente el anuncio de que al resolver el convenio, estos municipios tendrán que pagar “5,6 millones de euros -en total- por el desequilibrio tarifario, según sus cálculos, por no asumir las tarifas marcadas de manera unilateral por la Diputación”. Lorenzo ha señalado que con esta medida el PP pretende “chantajear y extorsionar” a estos pueblos.




Por ello, los socialistas pedirán explicaciones en el Pleno sobre las cantidades que se piden a los pueblos.  “Parece decir o te quedas y apruebas las tarifas o dejo de prestar el servicio, me marcho y me tienes que pagar 5,6 millones como perjuicio. Espero que esas mismas cuentas también se la hagan a los municipios que se han quedado para que veamos, así, cual es el hipotético agujero que, según sus cuentas, hemos hecho en la empresa pública”, ha argumentado. 




No a la integración del IEA
Por otro lado, los socialistas han vuelto a rechazar la integración del Instituto de Estudios Almerienses (IEA) en el Área de Cultura de la Diputación Provincial como es pretensión del PP, que planteará mañana en el pleno la aprobación definitiva de este proceso. Para el diputado socialista, Francisco García, el equipo de Gobierno del PP ha actuado de manera unilateral en todo el procedimiento en el que no ha existido negociación y ha advertido de la “pérdida de autonomía” de este organismo que cuenta ya con 37 años de vigencia.




El IEA “va a perder democracia y participación”, ha subrayado, y considera que sus miembros se sentirán “más desmotivados” al comprobar cómo se pierde en poder de decisión a través de los diferentes órganos del gobierno del Instituto que ahora elimina la Diputación al pasar al área de Cultura. Será la Comisión de Cultura quien decidirá a partir de ahora en lugar de dejar actuar al Plenario del IEA o al Consejo Rector del instituto, como venía sucediendo y se hacía desde “la independencia” y con criterios profesionales.



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