Las constructoras almerienses cobrarán un plus por los sobrecostes del hormigón

La cuantía extra no podrá exceder del 20% inicial y la cifra global ronda los 60 millones

Obras autonómicas promovidas por el PFEA en Cuevas del Almanzora.
Obras autonómicas promovidas por el PFEA en Cuevas del Almanzora.
Manuel León 10:58 • 14 abr. 2022

Las empresas constructoras almerienses como las  restantes que trabajan en Andalucía -así como todas las subcontratas que de ellas dependen- se beneficiarán de un pago extraordinario de la Consejería de Fomento para paliar los efectos de los sobrecostes de los materiales de construcción. 


El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acaba de aprobar el Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras derivados de la huelga de transportes y de la invasión rusa de Ucrania.


La norma incluye todo tipo de materiales empleados en la obra pública desde bituminosos, siderúrgicos, aluminio, cobre, cemento, ladrillo o cerámica.  Se estima que el alza de precios puede estar en una horquilla entre el 10 y el 20%, que es tope máximo que permite el Estado para los modificados de obra publica.



El sobrecoste lo cobrarán las empresas en la certificación final de la obra, por lo que el impacto en los presupuestos andaluces se verá reflejado en varias anualidades. El impacto económico para las arcas de la Consejería de Fomento se estima, según índices provisionales, en cerca de 60 millones de euros. También afecta a otras consejerías como Salud, Educación y Deportes, Agricultura, Cultura, Justicia y Administración Local.


Las empresas que trabajan con las administraciones tienen un severo problema por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, de ahí que, de la mano del sector de la construcción, se apruebe este decreto ley con medidas urgentes para la revisión excepcional de los precios en los contratos públicos de obras.



El decreto ley andaluz mejora la cobertura a muchos contratos y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios para no parar obras y para no poner en peligro la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo. La norma andaluza da la posibilidad a que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y también las universidades, al tiempo que suprime las penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a falta de material y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto. 


Por otro lado, el decreto ley andaluz amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios. A diferencia de la norma del Gobierno de España, el decreto ley andaluz incluye las obras en ejecución en 2021 y que a la entrada en vigor del real decreto ley estatal hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados.



La administración autonómica fue en 2021 la que encabezó la capacidad licitadora en Almería por valor de 273 millones de euros, con un incremento del 180%, más de la mitad de las licitaciones totales de las administraciones públicas en la provincia de Almería.


Depuradoras, caminos rurales o colegios

El Decreto aprobado esta semana por la Junta de Andalucía servirá, sobre todo, para garantizar que las empresas adjudicatarias de obras como depuradoras, caminos rurales, riegos o infraestructura diversa, no se quedan en la estacada porque las empresas no pueden asumir la inflación de precios. Viene también a complementar el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Fomento con el mismo espíritu de compensar los sobrecostes a la empresas constructoras que amenazaban por parar la maquinaria si no recibían una compensación del Estado. De hecho, algunos de los tramos del AVE Murcia-Almería estuvieron pendientes de estas negociaciones entre la patronal y los responsables ministeriales. El Estado también se ha comprometido a revisar los precios hasta un 20% sobre el precio inicial.


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